SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DEL JUSTICIA DE ARAGÓN FRENTE A LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA.

Esta Asociación se ha dirigido hoy al Justicia de Aragón, para expresarle su grave preocupación por las informaciones recibidas sobre destrucción de documentos, que no ha cesado pese a los escritos dirigidos a la máxima responsable del Gobierno de Aragón y a la Consejera competente en materia de protección del patrimonio documental, del que forma parte toda la documentación de las instituciones y organismos públicos.

Dicha petición de intervención del Justicia de Aragón se produce tras haber dirigido, la pasada semana, sendos escritos a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y a la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, Dolores Serrat, en relación con la posible destrucción de documentos que se está llevando a cabo en diferentes Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, con anterioridad al traspaso de poderes al que dará lugar la formación de un nuevo Gobierno autonómico, tras las pasadas elecciones de 24 de mayo de 2015.

Tenemos constancia de que las acciones de destrucción documental han seguido a lo largo de la presente semana, sin que los citados escritos, al parecer, hayan producido efecto alguno, razón por la cual nos hemos dirigido al Justicia de Aragón, para recabar su intervención, en defensa del ordenamiento jurídico aragonés, al hallarnos ante una grave vulneración de la normativa de patrimonio cultural, y del conjunto de derechos de los ciudadanos afectados por tales actuaciones –entre ellos, el derecho de acceso a la información pública que ha venido a desarrollar la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana en Aragón, dentro del marco básico establecido por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno-, solicitando que se proceda por su parte a una inmediata y directa supervisión de la actividad desarrollada en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, al objeto de poder constatar el grave incumplimiento de las leyes señaladas y dar traslado de los hechos, si así se estimare, al Ministerio Fiscal.

Consideramos un hecho totalmente anómalo y contrario a los más elementales principios del funcionamiento institucional la destrucción de documentos públicos con motivo de un posible cambio político, máxime teniendo en cuenta que todo documento público, por expresa determinación legal, forma parte del patrimonio documental aragonés y se halla integrado en el patrimonio cultural aragonés y español, previéndose su deber de conservación tanto en la legislación autonómica como en la estatal.

La gravedad de los indicios existentes sobre la destrucción documental que se pueda estar llevando a cabo en diferentes Departamentos de la Administración Autonómica creemos que obliga a una inmediata actuación, para requerir de todos los responsables públicos departamentales el estricto respeto de la legalidad, y en particular el deber de conservación de la documentación administrativa que señalan tanto la normativa de patrimonio histórico y archivos, como el propio Estatuto Básico del Empleado Público.

La sanción legal a conductas como la señalada, al margen de lo previsto en las leyes de protección del patrimonio histórico,  está expresamente contemplada en el artículo 413 del Código Penal, al encontrarse tipificada dicha actuación, entre los delitos contra la Administración Pública, como delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos.