HACIA UN OBSERVATORIO DE CONTROL DEL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO.

Las elevadas tasas de interinidad existentes en el conjunto de las Administraciones Públicas –con un escandaloso 38% de temporalidad en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, según el boletín estadístico correspondiente a diciembre de 2014-, resultado del incumplimiento por parte de las Administraciones Públicas del deber legal de aprobación de oferta anual de empleo público, y del establecimiento de límites indebidos a dicho acceso en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, obligan a impulsar medidas de seguimiento y control por parte de la sociedad civil sobre la actual realidad del derecho de acceso a la función pública.

No es posible que ante esta grave situación, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dé una respuesta como la realizada recientemente, justificando la necesidad de las tasas de reposición de efectivos para contener el gasto de personal, o que los Servicios Jurídicos del Estado dirijan sus esfuerzos no a velar por el respeto del derecho sino a eliminar aquellas ofertas de empleo público que vienen a aplicar el Estatuto Básico del Empleado Público, reconociendo al mismo la lógica primacía sobre las previsiones fijadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Por todo ello, y como ya se consideró en la última reunión de la Junta Directiva de la Asociación, se considera oportuno impulsar junto a otras entidades interesadas en el respeto del derecho de acceso a la función pública la constitución de un Observatorio capaz de realizar un seguimiento sobre el estado del acceso al empleo público en el conjunto de las Administraciones españolas, englobando la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y la del conjunto de la entidades locales.

Creemos que ese seguimiento ha de llevarse a cabo con la elaboración de un informe anual, fruto del seguimiento realizado por los integrantes y colaboradores del Observatorio y del ejercicio del derecho de acceso a la información pública –lo que debe permitir conocer y reflejar la situación del acceso al empleo público en las diferentes administraciones españolas-, y la exigencia de respeto a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público por parte de todos los responsables públicos en materia de función pública, reclamando para ello la colaboración del Defensor del Pueblo y de las instituciones autonómicas análogas, y reclamando un papel de vigilancia y aseguramiento del derecho fundamental al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El restablecimiento del ejercicio efectivo del derecho fundamental de acceso a la función pública constituye un objetivo prioritario de esta Asociación, y consideramos que tal objetivo es una pieza fundamental en cualquier programa de regeneración democrática que se pretenda impulsar. Las razones de carácter económico que se invocan para justificar la limitación de la oferta de empleo público nos parecen completamente falaces, cuando las tasas de temporalidad alcanzan cotas cada vez más injustificadas, debilitando con ello la profesionalidad y el cumplimiento de la legalidad por parte de las Administraciones Públicas, lo que redunda en menoscabo de la fortaleza del Estado de Derecho  y de la calidad de la democracia.

En los primeros contactos realizados por esta Asociación para impulsar este Observatorio hemos contado con una favorable acogida, lo que nos estimula a seguir destinando una parte importante de nuestro esfuerzo a hacer realidad este mecanismo de control y seguimiento del que creemos ha de dotarse la sociedad civil para reclamar el respeto de un derecho fundamental que no solo afecta a las expectativas laborales y profesionales de los ciudadanos sino también al vigor y calidad de nuestras instituciones, cuyo modelo meritocrático debe reforzarse notablemente.