ADMINISTRADORES SUPERIORES: UN PROCESO SELECTIVO POCO TRANSPARENTE.

El proceso selectivo para ingreso en la Clase de especialidad de Administradores Superiores está acumulando, en su primera fase de desarrollo, llamativos y preocupantes síntomas de arbitrariedad y falta de publicidad que podrían acabar invalidando el propio proceso, con el consiguiente perjuicio para todos los candidatos que han concurrido a las pruebas.

La convocatoria del actual proceso en marcha –resultado de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la Oferta de Empleo Público de 2007, y ha obligado a la aprobación de una Oferta complementaria-, fue aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2014, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.

La primera incidencia a destacar en el proceso fue la modificación de las bases de la convocatoria, para anular la previsión de que las vacantes no cubiertas del turno de promoción interna se pudieran acumular a las plazas convocadas por turno libre. Nada se señalaba sobre las razones para tal modificación, efectuada por Resolución de 7 de octubre de 2014, del propio Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, en la que se viene a suprimir el párrafo que contenía tal previsión.

Tal posibilidad de acumulación, no obstante, deriva del artículo 7 del Decreto 22/2014, por el que se aprueba la oferta complementaria de 2007, de manera que la Resolución de 7 de octubre de 2014 no solo modifica la convocatoria, sino que parece pretender también excluir la posibilidad contemplada en el propio Decreto que aprueba la Oferta de Empleo Público de la que deriva el proceso selectivo contemplado. En dicho artículo del Decreto 22/2014 se señala: “Las plazas reservadas a personas incluidas en los artículos quinto y sexto (discapacidad y promoción interna) que no resulten cubiertas por las mismas podrán acumularse a los procedimientos de turno libre derivados de la presente Oferta de Empleo Público complementaria, y en su caso, a los procesos derivados del Decreto por el que se aprueba la Oferta complementaria de 2011, en el ámbito de Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón”.

El Decreto contiene una mera posibilidad de acumulación, y en iguales términos se recogía en la convocatoria. Dicha acumulación supone, por lo tanto, una posibilidad que debiera acordar, en su caso, la Dirección General de la Función Pública al concluirse los turnos de discapacidad y promoción interna. Suprimir tal posibilidad de la convocatoria no conlleva necesariamente su eliminación, pues tal posibilidad sigue prevista en el Decreto de Oferta y por ello resulta perfectamente aplicable. Sin embargo, dicha modificación parece revelar una voluntad predeterminada, dirigida a reducir la posibilidad de incremento de plazas en la convocatoria realizada. ¿Con qué finalidad? No se dice en la Resolución dictada. ¿Se trata de escamotear plazas a los opositores? ¿Se pretende preservar las oportunidades futuras de promoción interna? ¿O se persigue incrementar las plazas de la Oferta complementaria de 2011, que habrá de convocarse más adelante? Todo son conjeturas, ante la falta de motivación de la resolución de modificación. Lo sucedido, en cualquier caso, resulta poco transparente y revela una actuación arbitraria por parte del Departamento de Hacienda y Administración Pública.

Sin embargo, las incidencias más graves se corresponden con la realización de la primera prueba de la oposición. Esta prueba, de acuerdo con las bases de la convocatoria, consiste en el desarrollo por escrito de dos temas de carácter general relacionados, sin ser coincidentes, con las materias del programa. La calificación del ejercicio busca la valoración de ciertas aptitudes que van más allá del conocimiento especializado sobre una concreta materia. No obstante, el segundo de los temas propuestos en la prueba (“Derecho a la protección de la salud y exclusión de la asistencia sanitaria”) no parece ajustarse a los términos de la convocatoria, pues no es un tema de carácter general, sino claramente específico, cuya mención o tratamiento en su caso correspondería efectuar en el desarrollo del tema 59 del Programa, relativo a la Sanidad Pública en Aragón. Lo extravagante del tema queda aún más manifiesto ante el reciente anuncio del Ministro de Sanidad de modificación o derogación parcial del Real Decreto-Ley 16/2012 que vino a introducir diferentes supuestos de exclusión de la asistencia sanitaria. De esta manera, podría darse el caso de que, en el transcurso de la lectura del ejercicio, los opositores analicen una norma que ya carece de vigencia. Con ello quedaría de manifiesto el equivocado planteamiento del Tribunal a la hora de proponer esta cuestión, claramente alejada de lo exigido en las bases de la convocatoria.

La extrañeza provocada por el enunciado del tema resulta particularmente sospechosa al descubrirse que coincide de manera literal con un artículo jurídico publicado recientemente en la Revista Vasca de Administración Pública, con el siguiente título: “Derecho a la protección de la salud y exclusión de la asistencia sanitaria: la crisis económica como pretexto para la limitación del acceso a los servicios y prestaciones del estado del bienestar”. Es necesario convenir que la coincidencia plena entre dicho artículo y el tema propuesto quiebra la apariencia de objetividad o neutralidad que, en un principio, podría atribuirse a la prueba. Un tema de desarrollo general, no coincidente con el temario o materias del programa, no puede resultar coincidente con un texto ya publicado, como el artículo señalado, cuya lectura o consulta ha podido quedar al alcance de una parte, grande o pequeña, de los opositores. El desajuste inicial a las bases se agrava con la coincidencia detectada. Ni es un tema general ni obliga a una elaboración o trabajo de síntesis de carácter personal del opositor, pues bastaría para su perfecto desarrollo haber tenido acceso previo al artículo publicado en la Revista Vasca de Administración Pública. Con ello no insinuamos que haya habido información privilegiada ni actuación irregular por parte del Tribunal, pero es evidente que éste, si era consciente de la existencia de dicho artículo, ha errado al proponerlo como tema de desarrollo.

Finalmente, y este es el asunto más grave, el Tribunal a través del portal electrónico del IAAP ha convocado a dos opositoras a la realización del primer ejercicio de forma separada al resto de los aspirantes, revelando errores en la relación de candidatos exentos de la realización del primer ejercicio. Lo que se lee, en el acuerdo adoptado por el Tribunal el 1 de abril de 2015, y las razones que se esgrimen para su adopción, desvela no solo inexplicables errores administrativos cometidos por el Instituto Aragonés de Administración Pública y un anómalo desarrollo de la prueba el pasado 26 de marzo de 2015, al impedir su realización por parte de dos aspirantes, sino sobre todo una absoluta opacidad en cuanto a los posibles aspirantes que puedan haber quedado exentos de realizar alguna de las pruebas del proceso selectivo, toda vez que ni la convocatoria aprobada ni el Decreto de oferta complementaria contemplan tal exención. ¿En qué se fundamenta tal exención? ¿Con qué cobertura jurídica cuenta tal posibilidad de exención? ¿Por qué no se contempla en la convocatoria aprobada? ¿Es discrecional su previsión en las convocatorias? ¿Ello resulta acorde al principio de igualdad en el acceso al empleo público? Despejar todos estos interrogantes resulta imprescindible para que el proceso selectivo en marcha pueda realizarse con las garantías jurídicas adecuadas.

Esta Asociación va a prestar particular atención a este proceso, y va a estudiar la posible adopción de medidas para que se aclaren convenientemente todas las incidencias que el proceso selectivo ha acumulado hasta el momento, debiendo sopesar tanto el Tribunal de selección como el Instituto Aragonés de Administración Pública si tales incidencias no ponen en cuestión la continuidad del proceso, debiéndose actuar en consecuencia para evitar daños mayores.