En
la tarde del jueves pasado, de conformidad con la convocatoria realizada y
hecha pública en este blog, tuvo lugar en los locales de la Junta Municipal Centro del
Ayuntamiento de Zaragoza la reunión de la Junta Directiva de la Asociación.
Tras
aprobar el orden del día propuesto y el acta de la reunión anterior, celebrada
el pasado 12 de febrero de 2014, el Presidente de la Asociación, Julio Guiral,
informó de las diferentes actividades desarrolladas desde la anterior reunión
de la Junta,
centrando su exposición en un detallado repaso de los diferentes procesos
judiciales seguidos en materia de oferta de empleo público, de las iniciativas
adoptadas para formular nuestra oposición al contenido de la Ley de integración efectiva
del CASAR en el Servicio Aragonés de Salud –dando con ello cumplimiento a todas
las decisiones adoptadas por la Junta
Directiva en la reunión de 12 de febrero-, de las medidas adoptadas
para reclamar una profesionalización de la Intervención General
y otras cuestiones, como el perceptible vaciamiento del derecho de petición en
que vienen incurriendo tanto las Cortes de Aragón como el propio Ejecutivo
autonómico, o la previsible falta de aprobación del Proyecto de Ley de Función
Pública de Aragón en la presente legislatura.
En
materia de oferta de empleo público, la actividad procesal ha sido
particularmente intensa, pues no solo se ha interpuesto recurso judicial contra
la falta de aprobación de oferta de empleo público de 2014 en el ámbito de
administración general, entendiendo que el Gobierno de Aragón incurre en
inactividad normativa que lesiona un derecho fundamental de los ciudadanos,
sino que a la vez se han formulado escritos finales de conclusiones en los
recursos promovidos contra la
Oferta de Empleo de 2010 de la Administración
autonómica y la Oferta
de Empleo de 2014 de la
Administración General del Estado.
Asimismo, y en el proceso de ejecución de las sentencias judiciales que anularon las Ofertas de 2007 y 2011 del Gobierno de Aragón, esta Asociación ha vuelto a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declare no ejecutadas ambas sentencias, y muy en especial la que afecta a la Oferta de 2011, vista la reiterada resistencia del Gobierno de Aragón de sacar a oferta las plazas del Cuerpo de Maestros ocupadas por funcionarios interinos a 31 de diciembre de 2010.
En
cuanto a las medidas de oposición a la
Ley aprobada por las Cortes de Aragón para integrar el CASAR
en el Servicio Aragonés de Salud, se señala que la Asociación ha
formalizado en este último mes las peticiones de recurso de
inconstitucionalidad tanto al Defensor del Pueblo como al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, así como al Justicia de Aragón, y se ha
solicitado comparecencia ante la
Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las
Cortes de Aragón, para expresar ante las mismas las razones que nos han llevado
a reclamar los citados recursos de inconstitucionalidad contra tales leyes, con
argumentos que se contienen en los informes desfavorables emitidos tanto por la Dirección General
de la Función Pública
y Calidad de los Servicios como por la Dirección General
de Servicios Jurídicos.
Seguidamente,
se informa también de las diferentes iniciativas adoptadas en relación con la
falta de profesionalización de la Intervención General,
al entender que debe potenciarse la selección de personal cualificado a través
de la Clase de
especialidad de Interventores e Inspectores Financieros, existente en la Administración de la Comunidad Autónoma,
y para la cual no se ha realizado procesos selectivo alguno desde su creación.
Asimismo,
se valora positivamente la posibilidad de que finalmente las Cortes de Aragón
descarten la aprobación de la Ley
de Función Pública de Aragón, dadas las evidentes deficiencias de dicho
proyecto normativo que esta Asociación ha puesto de manifiesto desde un primer
momento, incluyendo la comparecencia efectuada ante la Comisión de
Comparecencias y Peticiones Ciudadanas para expresar la oposición al texto
aprobado por el Gobierno de Aragón, al carecer de una evaluación económica
consistente y propiciar una función pública sometida a la discrecionalidad
política del Gobierno a causa de la ampliación de la libre designación y de la
previsión de una función directiva totalmente desdibujada.
Finalmente,
se señala la necesidad de que la
Asociación siga reclamando el respeto de las instituciones al
derecho de petición ejercido ante ellas. La falta de respuesta –constatada en
los casos del Alcalde de Zaragoza, Delegado del Gobierno en Aragón, Presidente
de la Diputación
de Zaragoza y Consejera de Educación, entre otros- debe ser motivo de quejas
formales ante el Defensor del Pueblo, y la práctica de algunas instituciones
–como la Comisión
de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón-, que se
limitan a dar traslado de la petición, sin dar respuesta motivada alguna sobre
su aceptación o rechazo, vaciando con ello el contenido del propio derecho fundamental.
Concluido
el informe de actividad, se aborda el punto central del orden del día, relativo
a la celebración de la asamblea ordinaria de socidos convocada para el próximo
jueves día 26 de marzo, en los locales de la Junta Municipal Centro del
Ayuntamiento de Zaragoza. En dicha reunión, además de la renovación parcial de
los miembros de la Junta Directiva
–incluyendo Presidente y Tesorero-, deberá debatirse y aprobarse las
principales líneas del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena
Administración para la próxima legislatura. Dicho documento, cuya redacción final
deberá aprobar la nueva Junta Directiva, deberá servir de guía para las
diferentes iniciativas de la
Asociación durante los años próximos de actividad. Con las
diferentes aportaciones realizadas por miembros de la Asociación, se ha
procedido a una revisión del documento elaborado para la legislatura que ahora
concluye, y se han actualizado todos aquellos contenidos que se han visto afectados
de manera sustancial en los últimos cuatro años, como ha sucedido en materia de
transparencia pública tras la aprobación de la ley estatal en diciembre de
2013. El documento finalmente aprobado se remitirá a todas las fuerzas políticas
con representación parlamentaria y a aquellas otras que cuentan con
expectativas electorales para la obtención de escaños en el Parlamento autonómico.
Esta Asociación se muestra, además, disponible para mantener encuentros con las
diferentes fuerzas políticas para exponerles el contenido del Documento y
debatir con ellos las medidas propuestas.
Concluido
el orden del día, y no habiendo ruegos y preguntas, se da por terminada la reunión, quedando todos los
miembros presentes pendientes del desarrollo de la asamblea que tendrá lugar el
próximo día 26 de marzo, de cuyas decisiones dependerá la orientación de la
actividad asociativa durante el próximo año, que ha de venir marcado por los resultados
de las elecciones autonómicas del 24 de mayo y los cambios que de ellas puedan
derivarse. La Asociación
sigue comprometida con sus objetivos como son la defensa de la legalidad, la
profesionalidad y la ética pública en el ámbito de la función pública, y en
ello concentrará todas sus energías en cualquiera de los escenarios políticos
que puedan resultar de la próxima cita electoral.
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