Esta Asociación se ha dirigido a los
diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para expresarles su
preocupación por la situación de los puestos de trabajo de la Intervención General,
tras la situación producida por el reciente nombramiento del Interventor
Delegado Territorial de Teruel, puesto que ha sido cubierto por un funcionario
de la Clase de
especialidad de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
No parece razonable que la Administración de la Comunidad Autónoma
siga sin contar con un colectivo de profesionales especializado en control y
fiscalización del gasto público, seleccionado a través de procesos selectivos
específicos para la Clase
de especialidad de Interventores e Inspectores Financieros que estableció, ya
en 1991, el Texto Refundido de la
Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón. Resulta inexplicable que en los más de veinte años transcurridos
desde dicha fecha, ningún Gobierno, ningún responsable del Departamento de
Hacienda, ningún responsable de la Función
Pública, hayan promovido las medidas necesarias para que la Comunidad Autónoma
cuente con un colectivo de profesionales cualificados en materia de control del
gasto público.
La carencia de dicho colectivo
profesional, encuadrado en la señalada Clase de especialidad de Interventores e
Inspectores Financieros, se ve agravada por la aplicación del procedimiento de
libre designación para la cobertura de todos los puestos de Interventor, lo que
permite la máxima discrecionalidad en su nombramiento, a lo que contribuye la
falta casi absoluta de requisitos para el desempeño del puesto que se deriva de
la configuración de tales puestos en la correspondiente relación de puestos de
trabajo.
La calidad de una función pública es
resultado de múltiples factores, pero no cabe esperar que se obtenga la
deseable calidad sin una correcta selección del personal, unos mecanismos
objetivos de provisión de puestos y una adecuada configuración de los
requisitos de desempeño de los mismos. Todos esos factores se hallan hoy
ausentes en los puestos de la Intervención
General, lo que parece preocupar más bien poco al Gobierno de
Aragón y al responsable del Departamento de Hacienda y Administración Pública,
que han desperdiciado cuatro años para corregir la situación existente. Por
ello, nos dirigimos a los Grupos Parlamentarios para sugerirles la posibilidad
de iniciativas de control e impulso para promover la profesionalización de la Intervención General
y corregir la anómala situación existente.
Se reproduce a continuación el
contenido íntegro del escrito dirigido al Grupo Parlamentario Popular:
“Grupo Parlamentario Popular
Cortes
de Aragón
Palacio
de la Aljafería
50071-ZARAGOZA
Zaragoza, 10 de marzo de 2015.
Estimados
señores:
Recientemente,
el Boletín Oficial de Aragón ha publicado el Decreto del Gobierno de Aragón por
el que se lleva a cabo el nombramiento, por procedimiento de libre designación,
del Interventor Delegado Territorial de Teruel, recayendo dicho nombramiento en
un funcionario de carrera de la Administración autonómica perteneciente a la Clase de especialidad de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Este
hecho vuelve a poner de manifiesto, una vez más, la inadecuada ordenación de
los puestos de la Intervención General,
a los que corresponde ejercer la función de fiscalización del gasto público,
pues sigue sin seleccionarse personal adecuado para nutrir la Clase de especialidad de
Interventores e Inspectores Financieros, prevista desde 1991 y vacía de
efectivos después de veinte años desde su creación. Este hecho no puede ser
resultado de la mera desidia administrativa, sino que evidencia una clara falta
de voluntad política de contar con un Cuerpo de Interventores cualificado
dentro de la
Administración de la Comunidad Autónoma,
que garantice un desempeño correcto y profesional de la función fiscalizadora
de la actividad económico-financiera.
A
la falta de profesionalización en los puestos de Interventor existentes en la Intervención General
ha de añadirse el hecho de que todos ellos son provistos por el procedimiento
de libre designación, sin que en las relaciones de puestos de trabajo se exija
ningún tipo de formación o cualificación específica para el ejercicio de la
función fiscalizadora. Es decir, la discrecionalidad del Gobierno de Aragón
para proceder al nombramiento, y en su caso a la remoción, de quienes ejercen
la función de control de legalidad del gasto público, es máxima, lo que solo
viene a agravar la situación en la que se halla la Intervención
General.
Entendemos
que la situación no solo concierne al Gobierno de Aragón, sino que el control
sobre el funcionamiento de los servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma,
y en particular el aseguramiento de la correcta ejecución de los créditos
presupuestarios autorizados por las Cortes de Aragón, debiera ser una
preocupación prioritaria del Parlamento autonómico, así como del Justicia de
Aragón, al que corresponde supervisar la actividad de la Administración
Pública para asegurar la correcta aplicación del ordenamiento
jurídico aragonés, del que forman parte tanto la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma
como las Leyes anuales de Presupuestos.
Por
ello, nos dirigimos a ese Grupo Parlamentario, para expresarles nuestra
preocupación por la actual ordenación de los puestos de trabajo de la Intervención General,
entendiendo que la inaplazable profesionalización de dicho Centro Directivo
pasa por la selección de personal que venga a integrar la señalada Clase de
especialidad de Interventores e Inspectores Financieros, a la que deben quedar
reservados los puestos propios de la función de fiscalización del gasto público,
así como por la superación de la discrecionalidad en la provisión de tales
puestos, sustituyendo el actual procedimiento de libre designación por el de
concurso de méritos, para reforzar la provisión por estrictos criterios de
profesionalidad y competencia.
Confiando
en que la cuestión pueda merecer el impulso de alguna iniciativa parlamentaria
dirigida a resolver la cuestión planteada, reciban un atento y respetuoso
saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
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