EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA PREGUNTA AL GOBIERNO DE ARAGÓN POR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENERAL.

La pasada semana esta Asociación se dirigió a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para expresarles su preocupación por la actual ordenación de los puestos de trabajo de la Intervención General, entendiendo que la inaplazable profesionalización de dicho Centro Directivo pasa por potenciar la todavía inédita Clase de especialidad de Interventores e Inspectores Financieros, a la que deberían quedar adscritos en exclusiva los puestos propios de la función de fiscalización del gasto público, así como por la superación de la discrecionalidad en la provisión de tales puestos, sustituyendo el actual procedimiento de libre designación por el de concurso de méritos, para reforzar la provisión por estrictos criterios de profesionalidad y competencia.

Tal iniciativa venía motivada por la reciente publicación en el Boletín Oficial de Aragón del Decreto del Gobierno de Aragón que efectuaba el nombramiento, por procedimiento de libre designación, del Interventor Delegado Territorial de Teruel, recayendo dicho nombramiento en un funcionario de carrera de la Administración autonómica perteneciente a la Clase de especialidad de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Recogiendo nuestra sugerencia, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón ha formulado al Consejero de Hacienda y Administración Pública una pregunta para respuesta oral en el Pleno de la Cámara, en la que, tras señalar que el procedimiento de libre designación compromete en gran medida la libertad e independencia de quien está llamado a controlar la legalidad del gasto pública, plantea la cuestión siguiente: “¿Cree el Gobierno de Aragón que la libre designación es un procedimiento que garantiza que se produce un desempeño de las funciones de control de la legalidad libre e independiente?”.

Asimismo, el citado Grupo Parlamentario formula al Consejero de Hacienda y Administración Pública otra pregunta para respuesta escrita, con motivo del nombramiento del Interventor Delegado Territorial de Teruel, en la que, tras señalar que el nombramiento de un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos para el desempeños de funciones de control financiero pone de manifiesto una total falta de profesionalización en el ámbito de la Intervención General, plantea la siguiente cuestión: “¿Considera el Gobierno de Aragón que las labores de Intervención no requieren un perfil profesional para asegurar un correcto desempeño de sus funciones?”.

Celebramos que los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, como ocurre en el presente caso con el Grupo de Izquierda Unida, se hagan eco de nuestras sugerencias e incluyan dentro de su labor de control de la acción del Gobierno cuestiones relevantes que afectan a la organización y funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma, cuya incidencia en el buen funcionamiento de los servicios públicos y en la garantía de la correcta aplicación del ordenamiento jurídico no es posible menospreciar.

Hay situaciones, como el sistema de provisión de los puestos de la Intervención General, que debieran sonrojar al responsable del Departamento de Hacienda y Administración Pública, ya que colocan a la Administración de la Comunidad Autónoma fuera de cualquier coordenada de racionalidad, profesionalidad y exigencia en la ordenación del órgano de control interno del gasto público, anomalía que en ningún momento se ha querido abordar para su adecuada corrección a lo largo de la presente legislatura, lo que revela la ausencia de la más elemental voluntad de profesionalización de la función pública autonómica.