La
Asociación
para la Defensa
de la Función Pública
Aragonesa se ha dirigido hoy al Justicia de Aragón para solicitar su actuación
en relación con la Ley 12/2014, de 18 de diciembre, de medidas
para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario del Alta
Resolución en el Servicio Aragonés de Salud, norma legal aprobada por las
Cortes de Aragón que a nuestro juicio incurre en vicio de inconstitucionalidad
al vulnerar el contenido esencial del derecho fundamental de acceso a la
función pública en condiciones de igualdad.
Dicha Ley, tramitada por procedimiento de lectura
única, se aprobó con la única finalidad
de asegurar la integración del personal del suprimido Consorcio Aragonés
Sanitario de Alta Resolución (CASAR) en el Servicio Aragonés de Salud, al
margen de todo procedimiento reglado que ajuste el acceso a la función pública
conforme a criterios de igualdad, mérito y capacidad, contraviniendo por ello
el artículo 23.2 de la Constitución
Española.
La contradicción de la Ley con el régimen
constitucional de acceso a la función pública fue expresamente puesta de
manifiesto, en el transcurso de la tramitación del Proyecto de Ley, por los
informes preceptivos emitidos tanto por la Dirección General
de Servicios Jurídicos como por la Dirección
General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios.Tales objeciones sin embargo no impidieron la
aprobación del Proyecto de Ley, acordada por el Gobierno de Aragón el día 9 de
diciembre de 2014 ni la posterior aprobación de la Ley por la mayoría
parlamentaria en las Cortes de Aragón, rechazándose por el Pleno de la Cámara las tres enmiendas a
la totalidad formuladas por los grupos de la oposición.
El
derecho fundamental de acceso a la función pública, que vendría a quedar vulnerado
por la citada norma legal, es un derecho que el Estatuto de Autonomía de Aragón
incorpora a su contenido, al señalar en sus artículos 6 y 11 que los derechos y
libertades de los aragoneses son los reconocidos en la Constitución, en la Declaración Universal
de Derechos Humanos y demás tratados internacionales, y en el propio Estatuto
de Autonomía. Añade éste, en su artículo 6, que los poderes públicos aragoneses
están vinculados por estos derechos y libertades y deben velar por su protección
y respeto, así como promover su pleno ejercicio.
El
Justicia de Aragón, como institución de la Comunidad Autónoma,
tiene, entre sus misiones específicas, la protección y defensa de los derechos
individuales y colectivos reconocidos en el Estatuto de Autonomía, y la defensa
del propio Estatuto. En el ejercicio de ambas misiones debiera proceder al análisis
de las previsiones recogidas en la
Ley 12/2014, de 18 de diciembre, de medidas
para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario del Alta
Resolución en el Servicio Aragonés de Salud, pues tanto el Gobierno como las
Cortes de Aragón, con la elaboración y aprobación de dicha norma, han podido
lesionar el derecho constitucional de los ciudadanos a acceder a la función pública
y, con ello, incurrir en expresa vulneración del Estatuto de Autonomía, en el
que se declaran como derechos de los aragoneses los establecidos en la Constitución.
De acuerdo con las facultades previstas en la Ley reguladora del Justicia de
Aragón, éste, en su labor de defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón, podrá
someter a estudio cualquier norma aprobada por las Cortes de Aragón y, en el
caso de estimar su contradicción con el Estatuto, podrá sugerir a las mismas su
modificación –o instarla del Gobierno, a través del ejercicio de la iniciativa
legislativa que le corresponde- o, en último caso, ponerlo en conocimiento del
Defensor del Pueblo, sugiriéndole la medida a adoptar.
Esta Asociación ya se dirigió al Defensor del
Pueblo para solicitarle la interposición de recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley
12/2014, de 18 de diciembre, pero tal iniciativa no obsta para recabar también
la intervención del Justicia de Aragón, pues si todos los poderes públicos aragoneses
han de velar por los derechos y libertades que recoge el Estatuto, tal misión
es precisamente la que justifica la existencia del Justicia de Aragón, y por
ello creemos que, en el presente caso, debiera ejercer su responsabilidad para
reclamar a las Cortes de Aragón la necesaria adecuación de la
Ley aprobada a los derechos de los ciudadanos aragoneses, tal
y como se formulan en el Estatuto de Autonomía, así como recordarles su
obligado sometimiento al ordenamiento constitucional.
ResponderEliminarBuenos días,
Aquellos que estamos estudiando oposiciones deberíamos asociarnos para defender el derecho al acceso a la función pública en condiciones de igualdad (como sugirió una compañera en otra conversación anterior). Es una cuestión de ética.
Esta asociación representativa de todos los opositores libres y que se debería constituir a nivel peninsular tendría, en primer lugar, que contrarrestar la ofensiva de los sindicatos y organizaciones de interinos, la cual está tomando cada vez más fuerza porque saben lo que pueden conseguir presionando como lo están haciendo; y, en segundo lugar, solicitar que el acceso a la función pública sea por medio, exclusivamente, de la oposición, que es el medio más justo y el que "neutraliza" las diferencias económicas: ninguna persona de bajo nivel adquisitivo, en concurso, podrá competir con gente acomodada. La oposición garantiza, por el contrario, el valor de la única arma que tiene la gente común: la inteligencia y el esfuerzo.
La gente trabajadora, digna y honrada, con ética, no podemos permitir que unas camarillas de pícaros rompan todas las reglas de la igualdad y objetividad, fundamento de la vida en democracia. Cualquier persona mínimamente despierta, si se toma la molestia de leer las convocatorias de trabajo público que se van publicando cada cierto tiempo, podrá observar que están fabricadas a medida de los interinos o contratados, y que las posibilidades de que los opositores libres consigan plaza es remota. Es algo realmente grave que pone en evidencia la calidad ética de las personas en democracia.
Os invito a que nos organicemos, como hacen ellos, para reclamar y velar por los derechos que se merece cada ciudadano libre, y cada uno de nosotros. No os quedéis parados. Merece la pena.