En
la comparecencia realizada por un grupo de trabajadores de la empresa pública
Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA), este pasado martes, ante la Comisión de Comparecencias
y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón, se denunció públicamente que
existen más de cuatrocientos trabajadores de dicha empresa que se presentan
como candidatos en las distintas listas electorales del Partido Aragonés (PAR).
Los trabajadores que realizaron tal comparecencia pertenecen a la Candidatura
Independiente de SARGA, uno de los sindicatos presentes en la
Empresa.
La Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) se creó en 2012, resultante de la fusión de las empresas públicas "Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesa,
S.A.” (SIRASA), creada en el año 2000, y “Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.”
(SODEMASA), creada en el año 2003. Dicha fusión se produjo tras la
autorización del Gobierno de Aragón de fecha 21 de marzo de 2012, y la decisión
de la Corporación Empresarial
Pública de Aragón, S.L.U., de 20 de junio de 2012. La nueva empresa vino a
suceder a las dos anteriores y asumió todos los derechos y obligaciones
correspondientes a las mismas. Entre ellas, su plantilla de personal.
La
denuncia, de resultar fundada, constituiría un indicio clamoroso de la instrumentalización
del sector público autonómico por los responsables del Gobierno de Aragón para
colocar de manera irregular y con finalidades claramente clientelares a
personas afines o para asegurar un sueldo público a integrantes
de sus candidaturas electorales, tanto a lo largo del periodo de existencia de
dicha sociedad pública, como de su antecesora, la
empresa pública «Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S. A.
(SODEMASA).
La denuncia no es realmente nueva, sino
que viene a incidir sobre una cuestión a la que, de manera reiterada, se ha
venido aludiendo a lo largo de estos últimos años desde numerosos ámbitos
de la sociedad aragonesa, incluidos los partidos de la oposición. Lo que, en
todo caso, aporta la nueva denuncia es el dato de que ese elevado número de
trabajadores de SARGA no son personas afiliadas o afines a los partidos políticos
que durante estos años han dirigido el Gobierno de Aragón, sino candidatos en
las listas electorales del Partido Aragonés (PAR), un dato objetivo que puede
ser fácilmente comprobable. Basta confrontar las candidaturas proclamadas por
las Juntas Electorales en los correspondientes procesos electorales y la relación
de trabajadores que componen la plantilla de la empresa pública.
Acaso por ello el Gobierno de Aragón se ha
resistido siempre a hacer pública la relación de trabajadores del sector público
autonómico, alegando de forma interesada la obligada protección de datos
personales –algo que al parecer no se aplica en el caso del personal de la Administración departamental,
cuyos nombres resultan accesibles para todos al publicarse anualmente las
relaciones de puestos de trabajo-, cuando en realidad lo que se deseaba
proteger eran las manifiestas irregularidades cometidas en la selección del
personal de dichas empresas.
Es evidente que lo denunciado por los
miembros de la Candidatura
Independiente de SARGA no puede ser, simplemente, el titular
de una noticia de prensa. Esa noticia debiera activar los necesarios mecanismos
de control interno, parlamentario y judicial. Esta Asociación confía en que sean las
propias instituciones responsables de dichos controles –como son el Gobierno de
Aragón, las Cortes de Aragón o el Ministerio Fiscal- las que reaccionen y
pongan en marcha los procedimientos oportunos.
No obstante, y ante la previsible
inhibición de quienes debieran actuar de oficio frente a tan grave acusación,
valoraremos la oportunidad y necesidad de reclamar de las Cortes de Aragón la
constitución de una Comisión de Investigación, así como formular una denuncia
ante la Fiscalía Anticorrupción,
para que proceda a esclarecer si en las empresas públicas autonómicas se ha
procedido a una utilización de los puestos públicos similar a la llevada a cabo
en la Diputación Provincial
de Ourense por su Presidente, José Luis Baltar, de cuya actuación señaló la
titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Ourense: “Parece que la Diputación era una
empresa privada en la que se contrataba a quien parecía oportuno al acusado”. ¿Quién
actuó, en este caso, como si las empresas públicas aragonesas fueran de su
propiedad privada? Eso es lo que correspondería determinar a la Fiscalía Anticorrupción
y a los Tribunales, confirmando o no los indicios que parecen apuntar a los responsables
del Partido Aragonés (PAR) dentro del Gobierno de Aragón.
ResponderEliminarEMPRESAS PÚBLICAS
Piden que se investiguen los enchufes del PAR en Sarga.
el periodico de aragon
ResponderEliminarLa Asociación para la Defensa de la Función Pública denuncia el caso. CHA también quiere que se cree una comisión en el Parlamento.
epa
ResponderEliminara Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa exigió ayer que se investiguen en las Cortes, a través de una comisión especial, los presuntos enchufes del PAR en Sarga. El colectivo añadió la necesidad de llevar el asunto a la Fiscalía Anticorrupción. El caso fue denunciado por trabajadores de esta empresa pública en las Cortes, que aseguraron que 400 empleados dedicados a la extinción de incendios están en las listas electorales del Partido Aragonés.
La asociación aseguró que de confirmarse la acusación de los trabajadores, el asunto constituiría un "indicio clamoroso de la instrumentalización del sector público autonómico por los responsables del Gobierno de Aragón para colocar de manera irregular y con finalidades claramente clientelares a personas afines o para asegurar un sueldo público a integrantes de sus candidaturas electorales".
La denuncia, recuerda este colectivo de funcionarios, "no es realmente nueva", sino que viene a incidir sobre una cuestión a la que, de "manera reiterada", se ha venido aludiendo a lo largo de estos últimos años desde numerosos ámbitos de la sociedad aragonesa, incluidos los partidos de la oposición. Lo que aporta la afirmación de estos empleados es "el dato de que ese elevado número de trabajadores de Sarga no son personas afiliadas o afines a los partidos políticos que durante estos años han dirigido el Gobierno de Aragón, sino candidatos en las listas electorales del PAR, un dato objetivo que puede ser fácilmente comprobable". La asociación señala en un comunicado hecho público ayer que bastaría con confrontar las candidaturas proclamadas por las juntas electorales en los correspondientes procesos electorales y la relación de trabajadores que componen la plantilla de la empresa pública.
En esta misma línea, el secretario general de CHA, Juan Martín, pidió ayer que se investigue en las Cortes la contratación en Sarga de los 400 candidatos del PAR. En su opinión, se trata de una empresa pública que ha sido "controlada" durante los últimos diez años por este partido, y aseguró que eso demuestra lo denunciado por su formación "una y otra vez". "El PAR estaba utilizando determinadas empresas públicas como oficinas de colocación para pagar favores políticos", denunció Martín, que señaló que es una forma "encubierta de corrupción".
epa
ResponderEliminar¿Nada tienen que decir los sindicatos UGT y CCOO?
ResponderEliminar¿Conocen la situación? ¿La consienten?
ResponderEliminarLas cosas de Aragón apenas se dejan ver en el vertiginoso carrusel de la actualidad política española. Por supuesto, la Tierra Noble sigue sin exportar noticias, como no sean las baturradas de rigor. Pero es que aquí mismo, si nos atenemos a los rankings diarios de las ediciones digitales, llaman más la atención deportes y sucesos que la actividad institucional... salvo que salga a la luz algo muy-muy escandaloso. Ayer se dio el caso. Claro que el titular ("400 trabajadores de la empresa pública Sarga formaron parte de candidaturas del PAR") no podía pasar desapercibido. Tampoco era nuevo el tema: durante lustros, los regionalistas manejaron a placer la citada sociedad, que antes se denominó Sodemasa. Y desde el primer momento la contratación de personal estuvo rodeada de sospechas, circunstancias anómalas y casos alucinantes, que pudieron llamar mucho la atención pero no motivaron la adopción de medida alguna. A la postre, el Partido Aragonés siempre ha estado (y está) protegido por sus primos del PSOE o del PP. Por eso, de todos los pesebres, chanchullos y arreglos bajo mano que cuelgan de la Administración autónoma, los dos grandes tienen tanta o más culpa que su ventajista bisagra. Además, si el PAR supo vender su apoyo, legislatura tras legislatura, a precio tasado (lo cual le convertía en un aliado excepcionalmente estable), sus socios tampoco se fueron nunca de rositas. Todos se rascaban mutuamente la espalda, y tan felices.
Por poca repercusión que tengan por ahí fuera casos como el de Plaza, por olvidado que esté lo de La Muela y por chuscos que sean los detalles de algunos barullos, no estamos ante simple folclore. La anormalidad se manifiesta en forma de cuadros de Goya pagados por encima de su valor de mercado, subvenciones millonarias a industriales que se gastaron la pasta en lo que bien les vino, contratas adjudicadas y prorrogadas con singular alegría, carísimos programas informáticos que no chutan, denominaciones de origen ful... En ese barro venimos chapoteando sin poderlo remediar. Bueno, tal vez algunos sí han podido. Pero no han querido.
josé luis trasobares
ResponderEliminarHan sido los propios trabajadores de la empresa pública Sarga quienes, en sede parlamentaria y reivindicando la solución de sus problemas laborales, han denunciado que 400 de sus compañeros vayan en las listas del PAR. ¿Es esa una proporción equilibrada de la realidad social y política aragonesa y, por tanto, que refleja en los puestos de trabajo las orientaciones políticas de la calle? La representación aragonesista en las instituciones deja bien claro que no es así. ¿Casualidades? La política enseña que hay pocas. Arturo Aliaga, el nuevo candidato del PAR a la DGA, advirtió el día de su presentación a las primarias que nadie acudiera al partido en busca de un empleo para sí mismo o su familia. Con estos datos se entienden sus precauciones. ¿Y el PSOE antes y el PP ahora qué piensan sobre esa acumulación?
epa
ResponderEliminarComentario:
Técnicamente el PAR se parece mucho más a un cártel que ha un partido político de un país desarrollado. Su objetivo no es cambiar la sociedad sino obtener réditos de su gestión política para repartirlos entre sus adeptos. Un cáncer para la política aragonesa que espero que desaparezca las próxima elecciones
ResponderEliminarComentario:
¿y por que la Relación Puestos Trabajo RPT del Instituto Aragonés del Agua no es publica ? ¿por que hay un % de contratados laborales tan elevado en Aragonesa Servicios Tele maticos y en el mismo Instituto Aragonés del Agua? Para ser contratado laboral no hay que pasar por un proceso publico y transparente de oposición publica. Ambos dos Organismos fueron puestos en marcha por el PAR. Y por que la RPT del INAGA, publicada eso sí, tiene como sistema de provisión de funcionarios la Libre Designación ?
ResponderEliminar¿No tiene nada que decir el Consejero Lobón ante una acusación de tal gravedad?