SI GOBERNAR SUPONE DECIDIR EL GASTO PÚBLICO, LAS DEFICIENCIAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA REVELAN LA BAJA CALIDAD DEL GOBIERNO.

Rebasado ya en más de un mes el plazo en el que el Gobierno de Aragón debiera haber remitido a las Cortes de Aragón el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, seguimos ignorando la posible fecha de aprobación del Proyecto de Ley y, sobre todo, sin conocer, de boca de algún miembro del Gobierno, las razones que puedan explicar –que no justificar, pues el incumplimiento de las normas no puede admitirse en un Estado de Derecho- la demora acumulada, con manifiesta y reiterada vulneración del plazo establecido por el Estatuto de Autonomía de Aragón.

Es triste constatar, para la calidad de nuestra democracia y el respeto de la legalidad, la distancia creciente entre lo que dicen las normas y lo que hacen los Gobiernos, y triste soportar el daño que tales prácticas ocasionan a la credibilidad de nuestras instituciones y a la fortaleza del Estado de Derecho. El gobierno de las normas queda, así, desplazado una y otra vez por la voluntad arbitraria de los gobernantes, demostrando éstos su incapacidad para dar cumplimiento a las leyes, lo que debiera inhabilitarles para el ejercicio del poder en una democracia. Un poder ejecutivo incapaz de ejecutar las leyes, y de ajustar su acción a la ley, queda abiertamente desvirtuado.

Así, nos encontramos con un Gobierno que, en el mes de noviembre, no ha sido capaz de aprobar el proyecto de ley de presupuestos del ejercicio próximo –incumpliendo con ello el Estatuto de Autonomía de Aragón-, pero que ha procedido a un cierre anticipado del ejercicio en curso, mediante Orden de 6 de octubre de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, en unos términos que, a nuestro juicio, contravienen los principios básicos de la legalidad presupuestaria.

Todo ello nos lleva a preguntarnos si los Presupuestos que anualmente aprueban las Cortes de Aragón cumplen su verdadero papel de decidir el destino del gasto público, y si el Gobierno de Aragón, al confeccionar el Proyecto de Ley, realmente ejerce una labor de asignación rigurosa de los recursos disponibles para atender los fines y obligaciones de las distintas políticas públicas.

Creemos que la técnica presupuestaria, en la actualidad, muestra gravísimas carencias de calidad en todas sus fases: en la confección de las cuentas por parte del Gobierno de Aragón –con una ausencia de análisis básicos sobre costes y necesidades-, en su debate y aprobación por parte de las Cortes de Aragón –con una insuficiencia manifiesta de tiempo y de información-, en su posterior ejecución por parte de los distintos Departamentos de la Administración autonómica –con una abusiva utilización de las modificaciones presupuestarias y una deficiente gestión y fiscalización económico-financiera- y en su control externo final, por la dificultad de hallar la correspondencia entre lo aprobado y lo realmente gastado y de poner al alcance del Parlamento y de los ciudadanos información clara y accesible sobre la legalidad, eficacia y eficiencia del gasto.

Los abusos y la mala gestión –fenómenos ambos que conviven en la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas- se ven propiciados en gran medida por la cada vez más deficiente técnica presupuestaria aplicada en el sector público, de la que tenemos claro ejemplo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Cuando el Presidente de la Cámara de Cuentas reclama más medios para ejercer su labor de control, olvidando que el control de calidad ha de asegurarse en origen, revisando los procesos deficientes, creemos que desvía la atención del problema real. Hay que corregir en profundidad las distintas fases del ciclo presupuestario. Sin una buena presupuestación –de la que hoy carecemos clamorosamente- y una mejora de la ejecución y del control interno, el control externo posterior reservado a la Cámara de Cuentas constituye una tarea ímproba y estéril.