REQUERIMIENTO AL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2014 POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN: EXISTE UN DEBER LEGAL DE APROBACIÓN QUE NO ADMITE INACTIVIDAD.

Esta Asociación dirigió el pasado viernes 7 de noviembre un requerimiento al Consejero de Hacienda y Administración Pública, Javier Campoy, al objeto de que por parte del Departamento de Hacienda y Administración Pública se elabore, en la forma legalmente establecida, y, posteriormente, se apruebe por el Gobierno de Aragón el Decreto de la Oferta de Empleo Público de 2014, de manera que se garantice el respeto al derecho fundamental de acceso a la función pública de los ciudadanos, reservándose esta Asociación las acciones legales que correspondan frente a la inactividad normativa por parte del Gobierno de Aragón, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la Constitución Española y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La Asociación, tras los acuerdos adoptados el pasado 28 de octubre de 2014 por su Junta Directiva, ha iniciado así las actuaciones dirigidas al control de la inactividad del Gobierno de Aragón, por la no aprobación de oferta anual de empleo público correspondiente a 2014, incurriendo con ello no solo en un incumplimiento de lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, sino en una vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública que establece el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Un Estado de Derecho se caracteriza por el sometimiento a la ley de todos los poderes públicos y por el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Quienes aspiramos a que la realidad se ajuste a la legalidad –y no sean cada vez más realidades ajenas, como parece pretender el Gobierno de Aragón en tantas de sus actuaciones-, debemos recordar y requerir a los responsables públicos para que realicen las actuaciones que les impone el ordenamiento jurídico, en especial cuando las mismas resultan imprescindibles para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos fundamentales.

De poco sirve que la Constitución Española reconozca a todos los ciudadanos  el derecho de acceso a la función pública y que el Estatuto Básico del Empleado Público imponga a todas las Administraciones el deber de aprobar oferta anual de empleo público, señalando las plazas respecto a las cuales ejercer el citado derecho de acceso, si luego los órganos de gobierno de cada Administración –como es el caso del Gobierno de Aragón- incumplen dicho deber legal, omiten la aprobación de la necesaria oferta anual de empleo público y, con ello, imposibilitan el derecho de acceso a la función pública.

Ante una actuación de deliberada omisión o incumplimiento de la ley, con resultado de lesión de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se impone la reivindicación y defensa del Estado de Derecho, y esto es lo que persigue esta Asociación con el requerimiento formulado al Consejero de Hacienda y Administración Pública, Javier Campoy, y, en el caso de no ser atendido, con el inicio de actuaciones jurídicas para que los Tribunales obliguen al Gobierno de Aragón a aprobar la oferta anual de empleo público que exigen las leyes, y desarrollar los procesos selectivos necesarios para hacer efectivo el derecho fundamental de acceso al empleo público.

El control de legalidad de la actuación administrativa no puede limitarse a los supuestos en que la Administración dicta actos o disposiciones de carácter irregular, sino que debe extenderse también a todas aquellas omisiones que suponen un claro incumplimiento de obligaciones legales, de las que se deriva una lesión manifiesta de los derechos de los ciudadanos, como ocurre en el supuesto señalado, por la falta de aprobación de oferta de empleo público.