¿QUÉ HACER?

Como ciudadanos españoles, es imposible desconocer la creciente gravedad del momento que vive nuestra democracia. Al descrédito de nuestras instituciones –con una corrupción pública que la clase política no parece tener voluntad real de corregir-, se suma el desafío independentista del soberanismo catalán, que ha protagonizado este domingo una de las jornadas más degradantes de nuestra vida democrática, con la tolerancia de las autoridades del Estado. Populismos de uno y otro signo aparecen en un contexto en el que una parte de la ciudadanía parece haber perdido el sentido real y profundo de la legalidad democrática.

Los signos de débil recuperación económica parecen insuficientes para contrarrestar la crisis institucional y política que vivimos como país. Las proclamas huecas de algunos responsables políticos sobre “tolerancia cero frente a la corrupción” no sirven, sin embargo, para corregir las ilegalidades de sus acciones de gobierno, frente a las que también los ciudadanos han de ejercer su “tolerancia cero”, mal que les pese. Porque exigir ejemplaridad a los otros por comportamientos menos graves que los propios es un claro ejercicio de hipocresía y de populismo oficial.

Reflexionaba lúcidamente ayer domingo, en las páginas de “El País”, el escritor Antonio Muñoz Molina sobre la corrupción y el mérito, sobre el invisible deterioro vivido por la función pública española, al menoscabarse el principio de mérito en el funcionamiento de las administraciones públicas, con la progresiva politización de sus niveles directivos y la desactivación de los controles internos, para sustituirlos por la discrecionalidad política. Coincidimos plenamente en dicho análisis, pues esta Asociación no ha dicho otra cosa desde hace siete años, al reclamar un “giro ético” en la administración pública. Los años transcurridos han dejado al descubierto la “quiebra ética” de gran parte de nuestras instituciones por el desempeño indebido de sus titulares, y su reconstrucción democrática –eso que llaman regeneración- constituye una prioridad máxima.

La vida democrática y el progreso económico reclaman buenas instituciones. El fracaso de éstas constituye el principal riesgo de una nación. Por ello no nos podemos permitir ningún tipo de inacción o inhibición ante la actual situación de evidente deterioro. Retomando la reflexión de Muñoz Molina, deberíamos añadir que corrupción y mérito no pueden convivir dentro de las instituciones, es más, el mérito no puede sobrevivir en unas instituciones que han perdido el sentido ético de su función. Por eso, y en ello está comprometida esta Asociación, el mérito ha de actuar contra la corrupción, si quiere seguir siendo mérito y si quiere seguir sirviendo al interés general desde las instituciones. Ciudadanos, servidores públicos y medios de comunicación han de sumar sus esfuerzos para corregir la actual situación que vive nuestra democracia, desde el compromiso con el ordenamiento constitucional.

Esta Asociación ha llamado reiteradamente la atención sobre el interesado olvido de autoridades y de expertos de toda condición respecto a la existencia de un claro programa de medidas con las que prevenir y combatir la corrupción, como es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006. El papel de la función pública en la labor de prevención está perfectamente establecido en dicha Convención: el mérito y el compromiso con la legalidad han de ser el mejor antídoto contra el riesgo potencial de la corrupción. La prevención, y no solo la sanción, es la tarea primordial a atender en el diseño de las instituciones. Sin embargo, iniciativas como el Proyecto de Ley de la Función Pública de Aragón van justamente en la dirección contraria, lo que no se corrige con declaraciones grandilocuentes como las realizadas por la Presidenta de la Comunidad Autónoma, Luisa Fernanda Rudi.