OMISIONES RELATIVAS O ABSOLUTAS EN LA OFERTA DE EMPLEO: TODO ES INCUMPLIMIENTO DE LA LEY.

Las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 fueron anuladas por sendas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, tal y como exigen el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. En ambos casos, se había producido una “omisión relativa” en el cumplimiento de la Ley por parte del Gobierno de Aragón, al no establecer todo el contenido obligatorio propio de una Oferta de Empleo Público.

Estaremos todos de acuerdo en el hecho de que, si una omisión relativa en la aprobación de una oferta de empleo público es no solo un incumplimiento de las leyes sino también una vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública (artículo 23.2 CE), como declaró el Tribunal Supremo, una omisión absoluta en el cumplimiento de dicha obligación, como la llevada a cabo por el Gobierno de Aragón en los años 2012, 2013 y 2014, al no aprobar en ninguno de dichos años una oferta de empleo público en las condiciones señaladas por el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, lo es aún en mayor medida.

Si entre las funciones de los Tribunales, según se señala en el artículo 106.1 de la Constitución, se incluye la de controlar la potestad reglamentaria y la legalidad administrativa, parece razonable concluir que el control jurisdiccional ha de efectuarse tanto sobre las omisiones relativas de las normas como, con más motivo, sobre la omisión absoluta que supone la no aprobación de disposiciones o resoluciones administrativas necesarias para asegurar el ejercicio de un derecho fundamental por parte de los ciudadanos.

Después de infructuosas gestiones ante la Presidenta del Gobierno de Aragón, que desatendió nuestra petición sobre aprobación de la oferta de empleo público de 2014, el pasado 8 de noviembre, dirigimos al Consejero de Hacienda y Administración Pública, competente en materia de función pública,  un requerimiento formal para que dicho Departamento elaborase la obligada oferta de empleo público de 2014 y la elevase al Gobierno de Aragón para su aprobación, reservándose esta Asociación las acciones legales procedentes en el caso de inactividad normativa por parte del Gobierno de Aragón.

Hasta la fecha no ha habido reacción alguna desde el Departamento de Hacienda y Administración Pública, en relación con el requerimiento formulado desde esta Asociación, por lo que, una vez rebasados los plazos indicados por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, nos veremos obligados a acudir nuevamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para solicitar la protección debida al derecho fundamental de acceso a la función pública, vulnerado por la omisión absoluta en que viene incurriendo el Gobierno de Aragón durante 2012, 2013 y 2014, con la falta de aprobación de oferta de empleo público.

Consideramos que a la reacción frente a omisiones relativas –cuando se aprueban ofertas sin incluir la totalidad de plazas que señalan las normas legales- ha de sumarse, obligadamente, la reacción frente a omisiones absolutas, cuando el Gobierno de Aragón incumple de forma total su deber legal de aprobar oferta anual de empleo público. La lesión reiterada de derechos fundamentales de los ciudadanos por parte de los poderes públicos es algo que resulta incompatible con la vigencia de un Estado de Derecho como el establecido en nuestra Constitución. Ante la falta de compromiso con nuestra norma constitucional que evidencia el comportamiento del Gobierno de Aragón, es necesario reaccionar y reclamar de los Tribunales el control jurisdiccional que prevé su artículo 106. Es exactamente lo que hará esta Asociación en los próximas días.