MALAS PRÁCTICAS EN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL: INUTILIDAD DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

El Boletín Oficial de Aragón de hoy publica diferentes convocatorias de procesos selectivos correspondientes a las Escalas del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se trata, en su mayoría, de procesos derivados del Decreto 22/2014, de 18 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta complementaria de la Oferta de Empleo Público de 2007 en el ámbito de Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Basta una mera lectura del artículo 24 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, para comprobar que, como ya es práctica del Instituto Aragonés de Administración Pública, las convocatorias de los procesos selectivos que hoy se publican en el Boletín Oficial de Aragón incumplen los plazos legales establecidos. Dispone el apartado primero del citado artículo 24: “Publicada la oferta en el Boletín Oficial de Aragón, se convocarán, dentro de los tres meses siguientes a su publicación, las pruebas selectivas para acceder a las plazas ofertadas”.

Habiéndose producido la publicación de la Oferta complementaria el día 24 de febrero de 2014, es manifiesto el incumplimiento del plazo legal en cuanto a las convocatorias de los procesos selectivos que hoy recoge el Boletín Oficial. No digamos ya aquellos otros procesos que, en virtud de las prácticas antijurídicas del IAAP, siguen esperando su turno correspondiente de publicación, ya para el año próximo. Las convocatorias hoy publicadas acumulan un retraso de seis meses en relación al plazo legal establecido, pues se produce a los nueve meses –no dentro de los tres posteriores a la Oferta- de la publicación del Decreto 22/2014, de 18 de febrero.

Nada autoriza, sino todo lo contrario, a mantener un proceso escalonado de convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos, en atención al grupo de titulación de los cuerpos o escalas respectivos, pues con ello se rebasan de manera injustificada los plazos fijados en el artículo 24 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta práctica constituye un ejemplo más entre los muchos que ofrecen nuestros responsables de función pública sobre el valor que conceden a la ley.

Resulta llamativo el comprobar la ausencia de toda referencia a los deberes legales sobre el plazo de convocatoria de procesos selectivos en la carta de servicios del Instituto Aragonés de Administración Pública, especialmente dentro de sus compromisos de calidad en la gestión de los procesos selectivos. El documento, aprobado por Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Secretaría General Técnica del Departamento de Hacienda y Administración Pública, tiene cuidado en evitar toda referencia a los plazos legales de publicación de las convocatorias de los procesos selectivos y de desarrollo de las pruebas selectivas. 

Es sorprendente –como ya señalamos en su momento- que la calidad de la gestión pública pueda plantearse al margen de algo tan elemental y básico como es el cumplimiento de la legalidad. Si esta es la política de calidad que se impulsa desde la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, al margen de las exigencias del Estado de Derecho y del respeto al principio de legalidad, debe señalarse su total inconsistencia, y debemos insistir en que la calidad no es una alternativa a la legalidad, sino su perfecto desarrollo y complemento. Nada de eso, sin embargo, encontramos en la actuación del Instituto Aragonés de Administración Pública, y su carta de servicios lo evidencia.