LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA EXIGE UNA REVISIÓN EN PROFUNDIDAD.

Esta Asociación ha insistido en numerosas ocasiones, y así lo recogió en su Documento de propuestas de buen gobierno y buena administración para la legislatura (2011-2015), sobre la necesidad de profesionalizar la Intervención General encargada de fiscalizar las cuentas de gastos e ingresos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Una profesionalización que pasa por la cualificación de sus medios humanos –sin demérito de las personas hoy adscritas, no parece razonable que no exista una Escala propia de Interventores, como existe en la Administración General del Estado y en la Administración Local, cuyos componentes sean profesionales cualificados en las técnicas de control presupuestario y financiero-; por la modificación de los puestos de trabajo, tanto en los requisitos de desempeño como en su forma de provisión, que impida que cualquiera pueda acceder a cualquier puesto y que los puestos de Interventor estén a merced de las decisiones discrecionales del Gobierno, tanto en lo que se refiere a los nombramientos como a los ceses-; y, finalmente, por la homogeneización y estandarización de las técnicas de trabajo, marcando las exigencias requeridas para cada procedimiento de gestión del gasto público, de manera que tales exigencias sean perfectamente conocidas por los gestores y el órgano fiscalizador no pueda, además, apartarse de su exigencia, dotando con ello de la máxima seguridad jurídica a la gestión administrativa.

Es difícil de comprender el grado de precariedad de un órgano de control que ha de asegurar la legalidad presupuestaria del conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma –como incomprensible resulta la despreocupación de los sucesivos responsables del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por modificar el estado de cosas existente-, y no cabe ignorar la siempre conflictiva relación que dicho órgano mantiene con los órganos gestores de la Administración autonómica, por la carencia de unas reglas claras de tramitación y control de los diferentes procedimientos y la falta de un diálogo constructivo entre los responsables de las áreas de gestión económica de los distintos Departamentos.

Hay muchas prácticas indebidas –impropias de una gestión racional y leal entre los diferentes órganos administrativos- que es necesario superar y erradicar, como la utilización de la fiscalización para bloquear el gasto, o el cuestionamiento por parte de los órganos de control de la aplicación de la normativa sectorial por parte de los órganos gestores, atribuyéndose con ello competencias que no les corresponden y que devalúan el papel central de los gestores, o el sacrificio de la finalidad de la gestión, como es la satisfacción de necesidades de interés público, a formalismos que en muchos casos no son sino residuos de una administración ineficiente y burocratizada.

No es posible esperar una mejora significativa en la gestión de la Administración de la Comunidad Autónoma sin una profunda revisión de la actual configuración de la Intervención General, lo que exige no solo una solvencia técnica imprescindible por parte de quienes deban llevar a cabo tal transformación, sino también una clara voluntad política de contar con un órgano de control eficaz –que asegure la legalidad del gasto público- que coadyuve y no entorpezca al logro de las principales políticas públicas de la Comunidad Autónoma. Debemos dejar de oír a altos cargos y gestores la excusa tan frecuente, pero cierta, que se suele dar a los ciudadanos: “lo tiene parado la Intervención”. La Intervención debe comprometerse a fondo en asegurar la calidad de la gestión, sin limitarse a formular reparos y salvar posibles responsabilidades.