DERECHO Y DEBER DE INFORMACIÓN.

Esta Asociación se impuso, desde el primer momento, dar a conocer todas sus actividades a los medios de información, no con la pretensión de tener proyección mediática, sino simplemente para que los informadores de los distintos medios de comunicación no desconocieran ni la existencia de esta Asociación de servidores públicos ni sus iniciativas a favor de la profesionalización de la función pública y del fortalecimiento del Estado de Derecho, que se ha revelado crucial para la preservación de la democracia en nuestro país.

La reivindicación ética realizada en 2007, que a algunos pareció gratuita e innecesaria, se ha revelado certera con el paso de los años. La crisis ética de nuestra sociedad y de nuestras instituciones constituye la raíz del fenómeno de corrupción que hoy parece invadirlo todo. Dijimos hace muchos años que la corrupción no la resolverían los ciudadanos con su voto, sino los Tribunales con sus condenas, aunque con posterioridad la crisis económica haya modificado enormemente el nivel de tolerancia ciudadana frente a los numerosos abusos. Policía, Fiscalía y Jueces son la actual vanguardia del Estado de Derecho en la lucha contra la corrupción pública y privada, ganándose el reconocimiento mayoritario de la población. La corrupción se vio alentada por la impunidad, y la desaparición de ésta será el mejor antídoto para evitar su desarrollo.

Muchas de las denuncias realizadas por esta Asociación, que afectaban al Gobierno de Aragón y a la labor de los sindicatos en la función pública aragonesa, quedaron oportunamente silenciadas por los medios de información. No hemos hecho de ello nunca batalla ni denuncia: los informadores deciden aquello que tiene relevancia informativa conforme a su criterio profesional para ser difundido, y lo demás ya figuraba en nuestro blog, al alcance de quienes quisieran conocer nuestra actividad y nuestras opiniones.

Es cierto que nos resultó indignante el comportamiento de los medios de comunicación ante la ejecución forzosa de las sentencias firmes en materia de oferta de empleo público, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Aragón impuso al Gobierno de Aragón la obligación de aprobar unas ofertas complementarias a las anuladas de 2007 y 2011. En dicha información, los medios de comunicación ignoraron deliberadamente a esta Asociación –autora de los recursos que dieron lugar a ambas sentencias, y promotora de su ejecución forzosa por los Tribunales- y recabaron la opinión de los sindicatos de la función pública, cuando algunos de ellos, como UGT y CCOO, habían sido parte contraria en tales procesos, respaldando las ilegales ofertas aprobadas por el Gobierno de Aragón. ¿Querían presentarse acaso como ganadores de un proceso en el que eran, junto con el Gobierno de Aragón, la parte derrotada?

No corresponde a esta Asociación valorar el pluralismo y la profesionalidad de nuestros medios de comunicación –no nos parecen buenos cuando reflejan nuestras notas y malos cuando las ignoran-, simplemente queremos señalar que esta Asociación tiene con ellos el compromiso de informarles de nuestra actividad, para que ellos en su caso y si lo consideran de interés puedan informar a los ciudadanos. Lo que nunca se nos podrá achacar es que el derecho de información de los ciudadanos sobre la actividad de esta Asociación no pueda verse asegurado por nuestro secretismo u opacidad. Todos los medios aragoneses están permanentemente al corriente de lo que hace y dice esta Asociación. Si nada se dice de ello en sus espacios informativos es una decisión exclusivamente de ellos, por entender que nuestras actividades carecen de relevancia o interés informativo, aunque algunas de ellas puedan afectar a derechos de toda la ciudadanía.

Acaso no interesa a los ciudadanos saber que el Gobierno de Aragón no presenta en plazo el Proyecto de Ley de Presupuestos ante las Cortes de Aragón ni aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2014 –reiterando el incumplimiento realizado ya en 2012 y 2013- o que aprueba un Proyecto de Ley de la Función Pública de Aragón que no hace más que menoscabar todavía más la profesionalidad en el seno de las Administraciones Públicas. Pero la falta de interés de todo ello no lo decide esta Asociación, sino quienes tienen la responsabilidad de informar de manera veraz a los ciudadanos y el deber, en cierto modo, de ejercer un control sobre el poder político, para denunciar sus abusos ante la opinión pública. La democracia la fortalecemos o debilitamos todos con nuestras decisiones diarias. Eso es algo que tenemos claro en la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.