ANONIMATO DE LAS PROPUESTAS DE RECORTE Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA: NECESIDAD DE CONTROL PARLAMENTARIO.

No puede pasar desapercibido el hecho de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas haya elaborado un documento de trabajo para su debate por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se contiene una larga lista de propuestas de reducción del gasto público que se atribuye al conjunto de las Comunidades Autónomas, cuyo origen o autoría concreta se omite. Es verdad que muchos responsables autonómicos, entre ellos el Consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, se han desmarcado del contenido de dicho documento, sin aclarar, eso sí, si entre las citadas propuestas se incluye alguna formulada por su Comunidad Autónoma. En política democrática no debiera admitirse el tirar la piedra y esconder la mano. No debe admitirse el anonimato en medidas de gobierno para eludir la responsabilidad política derivada de las mismas.

Justamente cuando se están impulsando, al fin, criterios de transparencia pública en el ordenamiento estatal y autonómico, para poner fin a prácticas de opacidad en la gestión pública, nos enfrentamos a una criticable práctica de dilución de la responsabilidad política, consistente en reunir en un solo documento un cúmulo de propuestas inconexas entre sí, cuya autoría se atribuye de modo genérico al conjunto de las Comunidades Autónomas. Es de todos y de nadie al mismo tiempo. Es decir, cabría atribuir indebidamente a una determinada Comunidad Autónoma propuestas que no ha formulado, mientras que la autora de la propuesta calla u oculta su autoría. No estamos en la reedición de Fuenteovejuna, pues aquí la regla no es todos a una, sino todos a ninguna. Nadie asume la responsabilidad de sus propuestas, nadie reclama que se señalen los autores de la propuesta o que, en su caso, sean asumidas por el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el supuesto de que desee hacerlas suyas.

Consideramos que esta forma de actuar, tanto por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como por el conjunto de las Comunidades Autónomas, marca un precedente que contraviene la más elemental transparencia que debe existir en materia de gobierno y gestión de los asuntos públicos. Los Gobiernos deben dar cuenta de las medidas propuestas ante los ciudadanos y sus representantes, y el Parlamento debe ejercer su labor de control de la acción de Gobierno, impidiendo que ésta se escude en el anonimato para eludir su responsabilidad.

Por ello, esta Asociación se va a dirigir a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, con el fin de trasladarles nuestra crítica frente a los criterios aplicados en la confección del documento dado a conocer por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y solicitar que se reclame una comparecencia del Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Javier Campoy, para que dé a conocer las propuestas que se han remitido al Ministerio desde el Gobierno de Aragón y exponga las razones o análisis que las fundamentan, indicando al mismo tiempo el impacto que tales medidas tendrían en el funcionamiento de los servicios públicos de nuestra Comunidad Autónoma.

Entendemos que frente al intento de eludir la responsabilidad democrática por propuestas de reducción del gasto público, el Parlamento debe reafirmar su función de institución de control y reclamar del responsable del Departamento de Hacienda y Administración Pública el ejercicio de transparencia y responsabilidad que es consustancial a todo sistema de gobierno democrático.