MANTENER EL RESPETO AL DERECHO DE ACCESO COMO PRIORIDAD: COMPROMISO CONSTITUCIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Entre las numerosas cuestiones que ha tratado de abordar esta Asociación a lo largo de sus siete años de actividad, se ha concedido siempre prioridad al derecho de acceso a la función pública de los ciudadanos, reconocido como derecho fundamental en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Si resulta preocupante el generalizado incumplimiento de la legalidad de función pública dentro de nuestras Administraciones –y, muy en particular, dentro de la Administración autonómica aragonesa-, lo que no cabe admitir de manera alguna es que las Administraciones, al ignorar el obligado respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, se coloquen al margen de la propia Constitución. Tal situación resulta sencillamente intolerable desde el punto de vista del Estado de Derecho.

La deriva sufrida por las Administraciones Públicas es inexplicable sin tener en cuenta este dato esencial de la quiebra del principio de selección del personal funcionario. La aversión de una parte de nuestra clase política a la función pública –frente a la que se propugna un sector público empresarial en el que gestionar de forma opaca o una externalización al sector privado, con falaces razonamientos de eficiencia-, así como la equivocada estrategia de los sindicatos de la función pública, que han incurrido en graves errores de patrimonialización de lo público, al anteponer intereses sectoriales al respeto de la legalidad y del interés general, explican en gran medida el nivel de deterioro sufrido por nuestras Administraciones. Una clarísima manifestación de este grave deterioro son las elevadas tasas de interinidad alcanzadas en el conjunto del empleo público.

La responsabilidad de quienes ejercen cargos políticos es evidente, pero no es menor la contraída por nuestros administrativistas y por los órganos judiciales, incapaces de reaccionar frente al evidente vaciamiento que ha experimentado el derecho fundamental de acceso a la función pública a lo largo de estos años. Cuando esta Asociación se propuso reaccionar frente al estado de cosas existente, ni un solo manual de derecho administrativo ni una sola sentencia judicial de los tribunales españoles reivindicaba la defensa del derecho fundamental de acceso a la función pública frente a la arbitrariedad administrativa y al incumplimiento de las leyes de función pública. La potestad de autoorganización de las Administraciones se había transformado en la excusa perfecta para reducir a la nada obligaciones legales y derechos constitucionales. Era un signo evidente del grave debilitamiento de nuestro sistema democrático y constitucional, pues colocar la decisión política por encima de las leyes es lo propio de un modelo autoritario y antidemocrático. Como autoritaria y antidemocrática es la corrupción pública que vino acompañando a la arbitrariedad administrativa y a la vulneración de los derechos constitucionales.

Cuando se analizan posibles estrategias para combatir la corrupción, se hace excesivo hincapié en la financiación de los partidos políticos y en las normas procesales y penales, pero se olvida que el mejor instrumento para prevenir y evitar la corrupción pública es el fortalecimiento de la función pública, asegurando su profesionalidad, su compromiso ético y su inamovilidad, dotándola de las condiciones precisas para no ceder a presiones ilegales, para ejercer su actividad desde el pleno compromiso con la legalidad. En un entorno en el que la legalidad de función pública no se respeta por los Gobiernos, y donde se priva de valor a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como ha sucedido en materia de acceso al empleo público, es imposible que se desarrolle un firme compromiso de los funcionarios con el escrupuloso respeto de las leyes, situación que resulta letal para cualquier Estado de Derecho. Sin cultura de la legalidad no es posible una democracia creíble.

Somos conscientes, por lo tanto, de lo que nos jugamos. Si otros prefieren engañarse o justificar, con argumentos interesados, el olvido de la legalidad, debieran pensar, si son funcionarios públicos, que han equivocado su profesión o han dejado por el camino su compromiso con el Estado de Derecho, el que tuvieron que formular para adquirir la condición de funcionario público. Tal vez sería bueno que, cada cinco años, todos nosotros tuviéramos que renovar el compromiso de acatamiento de la Constitución para conservar la condición de funcionarios públicos, lo que a lo mejor nos permitiría reflexionar sobre esa obligación no como un acto formal ya olvidado sino como una exigencia permanente sin la cual nuestra labor y nuestra condición carecen de toda legitimación.

Desde ese compromiso constitucional, como servidores públicos y como ciudadanos que desean que los derechos constitucionales se respeten y realicen en su plenitud -pues unos poderes públicos que menosprecian dichos derechos no pueden considerarse democráticos-, y desde el convencimiento de que la corrupción pública tiene también sus raíces en la vulneración del derecho de acceso a la función pública, reafirmamos nuestra prioridad de reivindicar ofertas de empleo público ajustadas al artículo 23.2 de la Constitución Española y al Estatuto Básico del Empleado Público, en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero también en la Administración General del Estado y en el resto de las Administraciones Públicas. La selección del personal de las Administraciones Públicas conforme a los principios constitucionales es un factor clave de la salud democrática de nuestro país. Por estar plenamente convencidos de ello, no podemos dejar de insistir en su trascendencia.