MIL SEISCIENTAS NOTAS.

Sin otra pretensión que la de reflejar el dato de que seguimos activos y trabajando, con toda la energía posible, por defender los valores de la función pública –legalidad, profesionalidad y ética pública-, reseñamos que el blog de esta Asociación alcanza las mil seiscientas notas. Se hace camino al andar –indudablemente-, y se cobra conciencia del largo camino recorrido cuando nos detenemos, aunque sea por un instante, para contemplar el panorama desconocido que nos ofrece el punto alcanzado en la ruta trazada.

Estamos a punto de conocer al quinto responsable de función pública del Gobierno de Aragón –en la corta existencia de siete años de esta Asociación-, al que nuevamente tendremos que darle noticia de nuestros planteamientos para la función pública y para avanzar en objetivos de buen gobierno y buena administración. Será difícil que en el limitado horizonte que resta de la actual legislatura –un año escaso- resulten posibles avances significativos, incluyendo la tramitación del anteproyecto de ley de función pública.

Asume el nuevo Consejero, entre otras muchas y más relevantes, la responsabilidad de asegurar la correcta ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, ya que queda por determinar si las plazas incluidas en las Ofertas complementarias aprobadas contienen verdaderamente las plazas exigidas por ambas sentencias.

Al hilo de la prueba reclamada por esta Asociación y aceptada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, algún sindicato ha manifestado su preocupación por la inseguridad jurídica que ello puede suponer para los procesos selectivos que se van a convocar y desarrollar en próximos meses. Ante ello, debe quedar claro que la voluntad de esta Asociación es, como ha sido siempre, preservar cualquier proceso selectivo convocado, para evitar perjuicios a las personas que han participado en los mismos, sin que ello suponga admitir que puedan dejarse de ofrecer las plazas indebidamente omitidas en tales procesos.

Las consecuencias que pudieran derivarse de un proceso falseado de ejecución de sentencia –si tal cosa quedase constatada en la prueba ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón- recaerán exclusivamente sobre aquellas personas responsables política y administrativamente de llevar a cabo tal ejecución y, muy en particular, sobre el todavía Consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, cuyo anunciado cese no le ha de eximir, en su caso, de tal responsabilidad.

Alcanzamos las mil seiscientas notas en este blog, pero el curso de los acontecimientos que nos envuelven nos obligan a seguir avanzando e impulsando las numerosas iniciativas actualmente en marcha.