Han
pasado catorce meses desde que se incorporó a la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón, en diciembre de 2012, la denominada Comisión Interdepartamental de la Función Pública, dando nueva
redacción al artículo 13 de la Ley,
sin que el Departamento de Hacienda y Administración Pública haya llevado a
cabo su regulación y puesta en funcionamiento, permitiendo con ello que la política
de personal, en las difíciles circunstancias actuales, cuente con un ámbito
específico de debate y análisis que asegure su adecuación a los problemas
reales constatados por los propios gestores.
Dicha
Comisión Interdepartamental, configurada como un órgano colegiado para abordar
las cuestiones propias de la política personal, está integrada por los
Secretarios Generales Técnicos de todos los Departamentos y presidida por el
titular de la Dirección General
de la Función Pública
y Calidad de los Servicios. La Ley
fija sus funciones, pero remite la regulación de su organización y
funcionamiento a una norma reglamentaria que ha de aprobar el Gobierno, tarea que
sigue pendiente catorce meses después de la aprobación de tal previsión legal.
Resulta
incomprensible que una previsión legal se vea privada de efectividad por la
falta de iniciativa del Gobierno, al no impulsar el desarrollo reglamentario,
olvidando con ello la primera responsabilidad que le incumbe como órgano
ejecutivo de las leyes.
La
visión global y colegiada de la función pública resulta imprescindible en todo
momento, pero particularmente en las circunstancias actuales de dificultades
presupuestarias y de elaboración de una nueva Ley de Función Pública de Aragón,
en cuya redacción debieran tener una intervención directa los responsables de
personal de las diferentes áreas de la Administración
autonómica, para asegurar la adecuación de la norma a la realidad y establecer un
horizonte y estrategia comunes a partir de los problemas y necesidades detectados por los
diferentes gestores de los servicios públicos.
No
pueden comprenderse las razones expresadas para la desaparición de la Comisión de Personal y su
sustitución por la nueva Comisión Interdepartamental –con exclusiva presencia
administrativa, sin participación de representantes sindicales-, para luego mostrar
semejante desinterés en su puesta en funcionamiento, sin
la cual la política de personal se decide de manera estrictamente unilateral
por parte del Departamento de Hacienda y Administración Pública, algo que no
parece admisible dentro de una Administración tan compleja como es la de esta
Comunidad Autónoma.
Se
reproduce a continuación el texto íntegro del escrito dirigido al Consejero de
Hacienda y Administración Pública:
“Excmo. Sr. Consejero de
Hacienda y Administración Pública
Gobierno
de Aragón
Plaza
de los Sitios, 7
50071-ZARAGOZA
Zaragoza, 3 de marzo de 2014.
Estimado
señor:
Me
dirijo nuevamente a usted, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, y en
ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución
Española, para solicitarle que impulse la regulación
reglamentaria y posterior constitución de la Comisión
Interdepartamental de Función Pública, prevista en el
artículo 13 de la Ley
de Ordenación de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma
de Aragón, tras la modificación introducida por la Ley 10/2012, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Dicho
órgano, cuya finalidad es asegurar la visión colegiada en la planificación y
gestión de los recursos humanos y posibilitar la participación de todos los
Departamentos en el impulso de medidas de ordenación de la función pública, no
solo sigue sin constituirse a fecha de hoy, sino que ni siquiera se ha aprobado
por el Gobierno de Aragón la norma de desarrollo reglamentario que debe fijar
su organización y funcionamiento, como señala el apartado cuarto del artículo
13 de la citada Ley de Ordenación de la Función Pública.
Consideramos
que la citada Comisión
Interdepartamental, dadas las actuales circunstancias que vive la Administración
autonómica, es de una particular trascendencia, pues el posible
redimensionamiento de la función pública no puede, en ningún caso, desligarse
de la necesidad de fortalecer la profesionalidad y calidad del conjunto de sus
efectivos humanos.
Entendemos
que el deber de cumplimiento del ordenamiento jurídico engloba necesariamente
la aprobación de los desarrollos reglamentarios previstos en las leyes, a fin
de posibilitar su debida ejecución, cosa que hasta la fecha se ha incumplido
por parte del Gobierno de Aragón, impidiendo con ello tanto la
corresponsabilización del conjunto de los Secretarios Generales Técnicos de los
Departamentos en el impulso de medidas que mejoren la gestión de los recursos
humanos de la
Administración autonómica, como la emisión del informe
preceptivo que se encomienda a dicho órgano en el procedimiento de aprobación
de disposiciones de carácter general que incidan en el ámbito de la función
pública.
Consideramos
además que la omisión del citado informe puede constituir un vicio que afecte a
la validez de la norma aprobada, razón que justificaría por sí sola la
necesidad de constituir dicha Comisión Interdepartamental sin más demora, tras
aprobar su normativa de regulación.
Finalmente
proponemos que la Comisión Interdepartamental asuma un protagonismo especial en la tramitación del
Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, cuya redacción final, a
juicio de esta Asociación, debiera ser sometida a informe de la misma, al
objeto de integrar adecuadamente la perspectiva propia de los diferentes
ámbitos sectoriales de la
Administración autonómica.
En
consecuencia, en ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 29
de la Constitución
Española y regulado por Ley Orgánica 4/2001, y a la vista de
las razones de legalidad y oportunidad expresadas en este escrito, solicitamos
que adopte las medidas para asegurar la rápida ordenación y constitución de la Comisión
Interdepartamental de Función Pública, como órgano en materia
de personal legalmente establecido en diciembre de 2012 y pendiente todavía,
pese a haber transcurrido más de un año, de su oportuna regulación reglamentaria
y posterior constitución formal.
Agradeciéndole de antemano su atención,
reciba un atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
ResponderEliminarUna muestra más de la desidia general que reina en esta Administración.
No es el desarrollo reglamentario pendiente más importante. Habría que hacer un repaso a otras muchas leyes.
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