HACER LEYES Y CUMPLIRLAS.

Ni con el anterior responsable de la Dirección General de Participación Ciudadana ni con la actual titular de la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación hemos podido conseguir que dicho órgano directivo asuma como propia la tarea de velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, en el seno de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a pesar de que el derecho fundamental de petición es un claro mecanismo de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos.

En la anterior etapa el rechazo al ejercicio del derecho de petición venía marcado por la oposición declarada a que alguien pudiera marcar la agenda del Gobierno de Aragón al margen de la voluntad política de sus miembros, lo que suponía confundir la naturaleza del derecho de petición y olvidar que los ciudadanos son titulares de los derechos que les otorga el ordenamiento jurídico y no meros figurantes o invitados en los procesos de participación organizados desde las instituciones públicas.

En la actual etapa apenas hemos avanzado en la garantía efectiva del derecho de petición que corresponde constitucionalmente a los ciudadanos, pues si bien no existe un rechazo deliberado a su consideración, tampoco hay una voluntad expresa de cumplir las normas actualmente vigentes, optándose por la fórmula de reenviar cualquier posible actuación a lo que venga a establecer la futura Ley de Transparencia y Participación Ciudadana que prepara el Departamento de Presidencia y Justicia.

Pobre compromiso con la legalidad el que manifiesta la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación, cuando es incapaz de dar cumplimiento a las obligaciones que establece la Ley Orgánica 4/2001 –como es la elaboración de una memoria anual de las actividades derivadas de las peticiones recibidas- y remite su posible aplicación a la futura aprobación de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, como hace en la respuesta dada a esta Asociación a la solicitada aplicación de las previsiones propias de la Ley Orgánica 4/2001.

Carece de credibilidad toda autoridad, órgano o institución que, ante un manifiesto incumplimiento de la ley vigente, señala que la solución a tal situación se resolverá con la aprobación de una ley futura. No cabe admitir tal razonamiento cuando la inaplicación no responde a dificultades objetivas insalvables, sino a la estricta falta de voluntad de dar cumplimiento a la ley, como se manifiesta en este caso o como ocurre con el deber de publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual del Gobierno de Aragón o con la obligación de aprobar oferta anual de empleo público o en tantos otros casos, cuyo denominador común es sencillamente el desdén hacia el principio de legalidad, sin el cual no resulta posible el ejercicio legítimo de ninguna potestad pública. Acaso se menosprecia el valor de lo que está en juego en todos estos casos. No debiera admitirse como reacción al incumplimiento de la ley otra respuesta que no sea el compromiso de aplicarla.

La hipotética aplicación de la ley futura no es excusa válida para la inaplicación de la ley vigente. La cultura de la legalidad que precisamos arraigar en la vida institucional para por rechazar razonamientos como los expuestos por la Directora General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación frente a la manifiesta inaplicación de lo previsto en la Ley Orgánica que regula el derecho fundamental de petición.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro de la respuesta remitida desde la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación:

“Con fecha de 23 de diciembre de 2013, tuvo entrada en el Registro General del Gobierno de Aragón escrito de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, solicitando la adopción de las medidas adecuadas para que la Comunidad Autónoma confeccione la memoria anual de las actividades derivadas de las peticiones recibidas, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. Asimismo, insta a que la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación asuma como función propia la confección o coordinación en el ámbito de la Administración autonómica de esta memoria anual.

El Gobierno de Aragón ha asumido el compromiso de trabajar en la redacción de la futura Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, a cuyo fin está previsto el desarrollo de un proceso participativo en el que toda la sociedad aragonesa, a título individual y colectivo, pueda debatir, aportar y reflexionar en torno a sus disposiciones. Si bien el Justicia de Aragón, en su Sugerencia de 2009, proponía “elaborar un reglamento que desarrolle el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 29 de la Constitución Española”, desde el Gobierno de Aragón entendemos que la importancia de este derecho fundamental requiere, por su naturaleza jurídica y su posición dentro del Estado Democrático de Derecho, una regulación con rango de Ley, sin perjuicio de su posterior desarrollo reglamentario. El régimen jurídico legal permitiría así un reconocimiento global del derecho de petición, no circunscrito a la regulación procedimental (con escaso margen innovador, tal y como recuerda el Dictamen del Consejo Consultivo de Cataluña 435/02, FJ. IV), sino ampliar su objetivo a otros aspectos igualmente importantes como, por ejemplo, la competencia para coordinar la elaboración de una memoria anual relativa a las actividades derivadas del ejercicio del derecho de petición.

Por todo ello, y reconociendo la importancia de ordenar las funciones solicitadas en su escrito, desde la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación le instamos a plantear estas cuestiones, así como aquellas otras que considere de interés, en el debate público que se genere en el futuro proceso participativo para la elaboración de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana. Un proceso participativo que vamos a diseñar para, entre todos, construir un régimen jurídico del derecho de participación que garantice un ejercicio real y efectivo.

Zaragoza, a 26 de febrero de 2014.

LA DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ACCIÓN EXTERIOR Y COOPERACIÓN, Blanca Soláns García”.