UN GOBIERNO SIN VOLUNTAD DE RESPETAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES.

El conjunto de omisiones y de actuaciones llevadas a cabo por parte del Gobierno de Aragón para la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 evidencian la escasa voluntad de sujetarse a las reglas del Estado de Derecho y, por consiguiente, el nulo compromiso con el principio de legalidad y con la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En la mañana de hoy se debatirá y votará en el Pleno de las Cortes de Aragón la convalidación del Decreto 1/2014 que aprobó el Gobierno de Aragón con el propósito aparente de ejecutar las citadas sentencias, aunque formal y materialmente es un total incumplimiento de las mismas. El fraude de sentencia en que incurre el Gobierno –al contravenir directamente los términos de los autos de ejecución dictados por el Tribunal Superior de Justicia- se quiere someter al respaldo del Parlamento autonómico, de manera que Ejecutivo y Parlamento unan su voluntad contra las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en un claro desafío al deber de dar cumplimiento a las sentencias de los Tribunales, sin lo cual el derecho a la tutela judicial efectiva que proclama nuestra Constitución sería una pura entelequia.

El incumplimiento del Gobierno de Aragón o su nula voluntad de ajustar sus decisiones a Derecho queda patente con la actuación del Departamento de Educación, incapaz de ajustar sus medidas en materia de oferta de empleo no solo a lo que dicen las sentencias de los Tribunales sino al propio contenido del Decreto-ley aprobado por el Gobierno de Aragón. No es aceptable que existan responsables públicos, como el Consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, o como la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deportes, Dolores Serrat, que ejerzan sus competencias al margen de la legalidad, anteponiendo su voluntad arbitraria a lo que establecen las Leyes y declaran los Tribunales. Esa forma de actuar no cabe en nuestro marco constitucional y quien no es capaz de adaptarse a las reglas del mismo no merece ostentar cargo público alguno. Por ello, esta Asociación analizará las responsabilidades legales y políticas en que ambos responsables puedan incurrir en este proceso de “ejecución” de los fallos judiciales en materia de oferta de empleo público.

No se puede trivializar el trato dispensado por un Gobierno a la vigencia y efectivo ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues tales derechos son indisponibles para los poderes públicos y su primera obligación consiste precisamente en garantizar su realización y protección. Unos poderes públicos que olvidan su principal cometido y desconocen la posición de los ciudadanos dentro del vigente modelo constitucional están condenados a un inevitable proceso de deslegitimación social, siendo este fenómeno uno de los más graves y preocupantes elementos de la crisis política e institucional que padecemos como país y como sociedad.

Aguardaremos el resultado del debate de las Cortes de Aragón que tendrá lugar esta mañana y esperaremos también el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre la adecuación de la actuación del Gobierno de Aragón a los términos de las sentencias que está obligado a ejecutar. No obstante, no olvidamos que, por encima de todo el debate político y jurídico que ha provocado este proceso, se encuentran el derecho de los ciudadanos a acceder a la función pública y el valor de la seguridad jurídica, así como el respeto al modelo de función pública que debemos considerar consustancial a las exigencias de un Estado de Derecho como el que proclama nuestra Constitución.