PETICIÓN SOBRE LA REFORMA DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO: DAR TRASLADO NO ES RESPONDER.

A mediados del pasado mes de enero, esta Asociación se dirigió a la Presidenta del Gobierno de Aragón, en ejercicio del derecho fundamental de petición, para solicitarle que dentro del proceso de revisión del sector público autonómico, se impulsasen las medidas necesarias que permitan tanto su racionalización funcional y económica –evitando, en particular, que su personal venga a ejercer competencias propias de los funcionarios públicos- como la adecuación de su gobierno corporativo a las directrices auspiciadas desde la OCDE, de manera que se eviten ineficiencias y distorsiones en el mercado y quede asegurada la transparencia, profesionalidad y calidad en su gestión, algo que debe acometerse con la celeridad que exige la realidad económica de nuestro país.

Creemos que la reforma del sector público autonómico, cuyos resultados desconocemos, ha sido más una operación de imagen y distracción que una revisión real y seria del papel que las empresas públicas autonómicas han de jugar en la ejecución de políticas públicas. Seguimos creyendo que la ejecución de la política ambiental ha de volver al Departamento competente –cuestionando la funcionalidad de estructuras como el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental o de sociedades como SARGA, resultante de la fusión de SODEMASA y SIRASA- o que las tareas de desarrollo de la Administración electrónica, al igual que ocurre en la Administración General del Estado, debiera recaer en los órganos centrales de los Departamentos y no en un ente como Aragonesa de Servicios Telemáticos,  cuya actuación ha venido a privar a la Administración departamental de un control efectivo en la política de modernización de la gestión pública, así como de los recursos personales necesarios para el diseño de las estrategias en materia de administración electrónica.

La petición aludía a diferentes aspectos, como la utilización de las empresas para nutrir de personal técnico a algunos Departamentos, mediante un irregular “préstamo de trabajadores” –como ha venido sucediendo en el Departamento de Medio Ambiente-, pero sobre todo ponía especial énfasis en el establecimiento de directrices de buen gobierno, lo que pasa por la modificación de la composición de los órganos de dirección de las empresas –como sus consejos de administración-, procediendo a su despolitización y promoviendo, en su lugar, una dirección profesional e independiente de consignas políticas.

Frente a tal petición, una reciente respuesta remitida desde la Secretaría General Técnica de la Presidencia, de fecha 21 de enero de 2014, se limita a acusar recibo del escrito de esta Asociación y a comunicarnos que se ha dado traslado del mismo al Departamento de Economía y Empleo, por ser el competente por razón de la materia.

En contra del criterio señalado en la comunicación de traslado –en la que, por supuesto, en nada se citad el régimen propio del derecho fundamental ejercido, para así restar trascendencia a la petición formulada- creemos que entre las competencias que corresponden a la Presidenta del Gobierno están la dirección del Gobierno y la coordinación de las funciones de sus miembros, de manera que la ordenación del sector público empresarial, presente en diferentes ámbitos de acción que afectan a diferentes Departamentos, no puede ser responsabilidad de un solo Consejero sino que es un asunto de Gobierno cuyo impulso y coordinación compete necesariamente a la Presidenta del Gobierno.

Cosa distinta sería que desde la Presidencia se fijasen unos criterios cuya ejecución material y efectiva se encomendasen al responsable del Departamento de Economía y Empleo, pero no cabe delegar ni la respuesta ni la decisión en una autoridad pública a la que no solo no se ha dirigido esta Asociación sino que carece de competencia real para promover el cambio que se solicita en el escrito de petición, al afectar la propuesta a empresas adscritos a diferentes áreas del Gobierno.

La pobreza de las respuestas por parte de los responsables de la Administración autonómica a las peticiones formuladas desde esta Asociación no solo constituye un indicio de la nula voluntad de entablar un diálogo constructivo con la sociedad civil –algo que sería lo consustancial a una democracia participativa, como la pretendida en el actual Estatuto de Autonomía de Aragón-, sino que son también una manifestación de la falta de consistencia de las reformas y medidas de regeneración del sector público que en su día fueron anunciadas por la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi.