MÁS ALLÁ DE LA CONFUSIÓN, EL VALOR DEL DERECHO.

Es sorprendente el barullo generado por el Gobierno de Aragón y los sindicatos de la función pública aragonesa a raíz de la obligada ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, por no incluir la totalidad de las vacantes ocupadas por funcionarios interinos, como exigían tanto el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

A la pésima gestión del proceso de ejecución de las sentencias por parte del Gobierno de Aragón –incumpliendo en tiempo y forma los autos de ejecución dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón-, lo que ha creado la lógica inquietud en quienes se ven directamente afectados por la ejecución de ambos fallos judiciales –ya sean personal interino u opositores que aspiran a acceder a la función pública-, se ha sumado un confuso mensaje por parte de los sindicatos, a los cuales parece que la ejecución de estas sentencias les ha contrariado seriamente, en gran parte porque las sentencias obtenidas han venido a  anteponer, como no podía ser de otro modo, la garantía de los derechos de los ciudadanos a los intereses de algunos colectivos de trabajadores. También porque, en un proceso de ejecución forzosa de unas sentencias firmes, nada les corresponde negociar a quienes no han sido parte actora en el proceso.

El burdo desplazamiento, auspiciado desde el Gobierno, de esta Asociación por parte de unos sindicatos que se habían mantenido al margen de esta batalla jurídica por el derecho o habían hecho causa común con el Gobierno para frustrar las exigencias de legalidad promovidas por esta Asociación, no podía conducir a ningún resultado coherente, y a la vista está la ceremonia de la confusión generada, a la que han contribuido muy activamente los medios de comunicación.

Los sindicatos deberán explicar cuál ha sido su posición en este proceso, en el que poco o nada les correspondía decir, aunque algunos han dicho ya lo suficiente, al oponerse a las convocatorias de las plazas y alegar frente a ellas las “tasas de reposición” que indebidamente imponen la Ley de Presupuestos Generales del Estado para menoscabar el derecho de acceso a la función pública de los ciudadanos. Deberán explicar por qué no reclaman lo Oferta de Empleo Público de 2014 y por qué no aseguran en el conjunto de las Administraciones Públicas, en Aragón y en el resto de España, el respeto del sistema de selección de personal legalmente establecido. ¿Acaso no han contribuido con su inhibición al proceso de degradación del mismo?

Nadie parece interesado en realizar una lectura positiva y desinteresada de lo que representan estos fallos judiciales y su ejecución, en la que pocos creían y por la que esta Asociación ha luchado, como tantas veces, en solitario. Creemos en el valor del derecho, en la fuerza de la ley, en la centralidad de los derechos fundamentales y en el papel que todo ello juega para la conformación de una Administración Pública propia de un Estado de Derecho como el que configura nuestra Constitución. No conmemoramos en vano nuestra Constitución cada 6 de diciembre, sino que lo hacemos porque la defensa de sus valores y principios es el objetivo permanente de nuestra actividad, y por ello, más allá de la confusión actual, de las incertidumbres que unos y otros han generado con su tibieza a la hora de restablecer la legalidad, celebramos que lo sucedido en Aragón es una victoria del Estado de Derecho frente a la arbitrariedad de un Gobierno, incapaz de ajustar su actuación al principio de legalidad, y a la dejación de unos sindicatos de la función pública, para los cuales la legalidad y los derechos de los ciudadanos han pasado, desde hace años, a considerarse un elemento de negociación y no de defensa, exigencia y límite.