INSTALADOS EN LA ILEGALIDAD.

Resulta particularmente inexplicable la persistente degradación del régimen de acceso a la función pública que se sufre tanto en la Administración de la Comunidad Autónoma como en muchas otras Administraciones Públicas de nuestro país. La realidad que se vive en las Administraciones, en materia de función pública, podría llevar a pensar que el Estado de Derecho y el principio de legalidad han quedado temporalmente suspendidos con la excusa de la crisis económica, de manera que sobre la ley se impone la voluntad arbitraria del Gobierno, y los derechos de los ciudadanos han quedado desplazados por los intereses de determinados colectivos, quebrándose no solo la seguridad jurídica sino también la igualdad de todos ante la ley.

No es posible que servicios públicos de tanta trascendencia como la educación puedan ser objeto de informaciones tan reveladoras sobre su nivel de descomposición como la que hoy ofrece la prensa aragonesa, donde tanto los responsables del Departamento –empezando por la Consejera Dolores Serrat- como los diferentes sindicatos educativos parecen haber desistido del respeto y de la exigencia de la legalidad, para adentrarse en el campo de la arbitrariedad y del decisionismo, lo que nada tiene que ver con nuestro modelo constitucional ni con nuestra ordenación de la Administración Pública.

Nada autoriza al Departamento de Educación a inaplicar la ley y acordar la no celebración de oposiciones –con el pretexto de acumular las plazas a una próxima convocatoria-, pues tal posibilidad no se contempla en el vigente régimen de acceso a la función pública y constituye una flagrante vulneración del contenido del Estatuto Básico del Empleado Público y, por extensión, del artículo 23.2 de la Constitución Española.

Por otro lado, el proceso de creciente patrimonialización de la función pública por parte de determinados colectivos –puesto de manifiesto con el uso de expresiones como “efecto llamada”, que revela la voluntad de reservar las plazas públicas para un círculo reducido de candidatos, o con normas de acceso que privilegian la previa actividad como interinos a las notas obtenidas en los ejercicios de la oposición- muestra el grado de "adaptación" de numerosos interesados al actual escenario de incumplimientos y arbitrariedades, lo que solo contribuye a su mantenimiento y perpetuación.

Hay que restaurar la legalidad y la garantía del pleno ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos a acceder a la función pública –la residencia administrativa no puede ser un criterio de preferencia ni un requisito encubierto de participación en los procesos selectivos- y hay que romper los actuales círculos viciosos de intereses que solo contribuyen a deteriorar cada día más el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho y a relajar el deber de todo responsables público de cumplir y hacer cumplir las leyes.

Hay quienes creen que el daño de ciertas medidas adoptadas por los actuales responsables políticos se centran exclusivamente en los derechos sociales propios del Estado de bienestar, pero resulta todavía más preocupante el vaciamiento que estamos sufriendo en las reglas de funcionamiento del Estado de Derecho, pues el sometimiento del poder a la ley es el rasgo propio de un sistema democrático de gobierno, y su quiebra nos puede privar de nuestra condición más básica de ciudadanos, por lo que la lucha por el Derecho –la defensa del Estado de Derecho- ha de ser una prioridad absoluta.