jueves, 23 de enero de 2014

ENCUENTRO PREVISTO CON RESPONSABLES DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA.



En la tarde de hoy está previsto mantener un encuentro entre representantes de la Asociación y responsables del partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Zaragoza, para abordar diferentes aspectos de la ordenación de la función pública, en la convicción de que el fortalecimiento de la profesionalidad de las diferentes Administraciones Pública –hoy claramente debilitada- es un elemento fundamental en el necesario programa de regeneración de nuestras instituciones públicas y el fortalecimiento democrático de nuestra sociedad.

El encuentro, solicitado desde la propia organización política, constituye una continuación de los ya mantenidos con diferentes grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón en meses pasados, con el fin de analizar los contenidos del Anteproyecto de Ley de Función Pública dado a conocer por el Gobierno de Aragón y comentar las alegaciones realizadas desde esta Asociación en el trámite de consultas realizado.

Consideramos importante que las organizaciones políticas –con presencia o no en las Cortes de Aragón- se aproximen a la problemática de la función pública e introduzcan en sus programas medidas orientadas al refuerzo de su profesionalidad y de su importante papel en el correcto funcionamiento del Estado de Derecho y en la eficiente prestación de los servicios públicos. La neutralidad política de esta Asociación en relación con las diferentes fuerzas políticas no está reñida con la voluntad de diálogo con todas ellas, para tratar de compartir preocupaciones y propuestas en relación con la actual situación de la función pública y sus perspectivas de futuro.

Nuestro empeño, al constituir esta Asociación en 2007, era entre otros el lograr introducir la problemática de la función pública en la agenda política e institucional, y creemos que dicho objetivo ha sido parcialmente alcanzado, pues ningún partido político se atreve en estos momentos a minusvalorar el papel de la función pública en el buen funcionamiento institucional ni a sostener que los servidores públicos han de carecer de voz pública y limitarse a cumplir las órdenes políticas de los responsables de cada órgano de gobierno.

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