UTILIZACIÓN COMO ARMA ARROJADIZA.

Como era de prever, la comparecencia del Consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, ante las Cortes de Aragón que tuvo lugar ayer, apenas arrojó datos positivos sobre el posible futuro de la función pública aragonesa. Considerar que la acción en materia de ordenación de la función pública pueda agotarse en una actualización apresurada y sin criterio de las relaciones de puestos de trabajo y en la realización igualmente apresurada de unos concursos de méritos para la provisión de puestos singularizados constituye una visión muy limitada de las necesidades de la función pública.

Cuando la aplicación de las normas –actualizar anualmente las relaciones de puestos de trabajo o realizar las convocatorias de provisión de los puestos de trabajo en los plazos que marca la normativa- constituye todo el balance de la política de recursos humanos de un Gobierno al alcanzar el ecuador de una legislatura se trasluce claramente la falta de proyecto y de ambición, pero también de compromiso y responsabilidad, en materia de función pública.

Las intervenciones tanto del Consejero como de los portavoces de los diferentes Grupos Parlamentarios resultaron particularmente decepcionantes, pues todas ellas evidenciaron la falta de reflexión sobre el modelo de función pública que requiere la Administración autonómica para superar vicios como los que saltan a la vista a cualquier observador medianamente atento.

De poco sirve reclamar o prometer una Ley si no se es capaz de definir los objetivos que han de alcanzarse con la nueva regulación, más allá de expresiones retóricas, como la racionalización o la eficiencia o la mejora de la calidad. Ningún portavoz parlamentario, tampoco el Consejero, pudo precisar aspectos que debieran contemplarse en la futura normativa. Una Ley no se reduce a plazos de elaboración, sino a contenidos y objetivos, y de esto último nada pudo oirse ayer a ninguno de los intervinientes.

A los miembros de esta Asociación no pudo pasarles desapercibida la utilización que, por una y otra parte del debate, se hizo de las afirmaciones y logros de esta Asociación.

El Consejero Saz quiso descalificar la gestión del anterior Ejecutivo esgrimiendo las sentencias obtenidas por esta Asociación en las que se anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública. Pero calló, y nadie acertó a recordárselo, que su Departamento se resistió a la ejecución de ambas sentencias, viéndose obligada esta Asociación a reclamar la ejecución forzosa de las mismas ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Por lo tanto, no es este Gobierno el que ha asegurado el restablecimiento de la legalidad en materia de oferta de empleo público, sino exclusivamente los Tribunales, pese a que los Servicios Jurídicos de la Administración trataron de evitar, ha de entenderse que por instrucciones del Consejero Saz, tal ejecución.

Por parte de la portavoz del Grupo Socialista también se apeló –sin nombrarla- a esta Asociación para atacar la política de personal del actual Gobierno, utilizando para ello fragmentos de alguno de los escritos dirigidos a los Grupos Parlamentarios en que se denunciaba la falta de aprobación de Oferta de Empleo Público en 2012 y 2013, o de alguna de las notas del blog de esta Asociación. Todo ello sin citar la fuente de manera adecuada, aludiendo a esta Asociación como “unos funcionarios”. Sin duda lo somos, pero el escrito dirigido a su Grupo Parlamentario lo firmaba el Presidente de esta Asociación, precisamente la misma Asociación que obtuvo –frente a la Administración y a los sindicatos mayoritarios- las sentencias a las que apelaba el Consejero Saz para acreditar la irregular política de personal del anterior Gobierno.

Esta Asociación no puede dejar de lamentar que el esfuerzo por restaurar la legalidad en materia de función pública, frente a los responsables de ayer y de hoy, sea utilizado como simple arma arrojadiza en un debate parlamentario, en el que la confrontación política no dejó espacio para esbozar las líneas de acción necesarias para fortalecer la profesionalidad de la función pública aragonesa.