martes, 24 de septiembre de 2013

NO FALSEAR LOS DEBATES.



Las cuestiones que afectan a la comunidad deben ser objeto de deliberación pública, con el fin de adoptar posibles decisiones tras un debate racional. Debatir la naturaleza y alcance de los problemas que nos afectan y buscar las soluciones más idóneas a los mismos es el contenido propio de la discusión ciudadana. Para ello, debe evitarse la comodidad de la inhibición –el desentenderse de aquello que concierne a todos- y debe también excluirse el falseamiento deliberado de la realidad, pues ello hace que el debate público resulte falaz e infructuoso.

La pasividad, con frecuencia, contribuye a agravar los problemas o a consolidar las irregularidades, haciendo luego más difícil su corrección. Vemos la dificultad que supone, dada la dimensión del problema, corregir la temporalidad en la función pública o tratar de reducir la provisionalidad en el desempeño de los puestos de trabajo. Cuando el funcionamiento ordinario de los sistemas de selección o provisión no se produce, los procedimientos extraordinarios conllevan necesariamente efectos indeseados tanto sobre la situación de las personas afectadas como sobre la propia organización, que se ve sometida a tensiones inusuales.

Confiamos en que los numerosos debates que hemos de mantener para sacar adelante una ordenación de la función pública y una puesta a punto de la Administración Pública, que sirva al interés general y actúe como la estructura propia de un Estado de Derecho, tengan lugar y se ajusten a las condiciones necesarias para que resulten útiles, de modo que posibiliten el libre intercambio de planteamientos y las aproximaciones suficientes para hallar las fórmulas más adecuadas.

No ha de escatimarse esfuerzo de análisis, capacidad de razonamiento y de diálogo y claridad en la definición de los objetivos a alcanzar, pero en particular debemos desprendernos del lastre del escepticismo y del fatalismo que nos llevan a pensar, equivocadamente, que las cosas no tienen solución y que no hay remedio al nivel de deterioro alcanzado por nuestras instituciones públicas. Nadie puede participar en un debate positivo desde el convencimiento de que no hay solución posible a la insatisfactoria situación actual.

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