La
reciente remisión al Departamento de Hacienda y Administración Pública del
documento de aportaciones al Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón
no solo es resultado del esfuerzo de análisis y debate realizado por los
miembros de esta Asociación a lo largo de los meses de julio y agosto –dedicando
a ello, en algún caso, parte del tiempo de las vacaciones de verano-, sino que
también es fruto del camino recorrido a lo largo de los siete años de
existencia de esta Asociación, pues dicho documento no es un mero planteamiento
teórico de lo que puede ser el modelo de función pública aragonesa en el marco
de la Constitución
y del Estatuto Básico del Empleado Público. También, en muchos temas, es el
resultado de un largo camino de compromiso y defensa de la legalidad y de
reivindicación de los principios constitucionales de la Administración Pública.
Nos
satisface que esta Asociación pueda formular, dentro del proceso de elaboración
de un proyecto de ley de función pública, un documento de alegaciones o aportaciones
que, en numerosos aspectos –y, en particular, en materia de acceso a la función
pública- viene precedido por años de esfuerzo para reclamar el cumplimiento de
la legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos, esfuerzo
recompensado con importantes pronunciamientos del Tribunal Constitucional, del
Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Queremos
creer en la capacidad que todos tenemos para reaccionar frente a las
irregularidades que con frecuencia presenciamos en la actividad de las
Administraciones Públicas, desde los valores que deben presidir nuestra actuación
y trabajo como servidores públicos. Confiamos igualmente en que los
planteamientos recogidos en las alegaciones realizadas, así como los formulados
por otras personas o entidades, serán tomados en consideración por los
responsables del Departamento de Hacienda y Administración Pública para mejorar
el proyecto normativo elaborado.
Contribuir
a la fortaleza y calidad del Estado de Derecho con nuestro trabajo diario y con
la permanente reivindicación de sus principios básicos –como son el
sometimiento del poder público a la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales
de los ciudadanos- puede ser nuestra principal tarea para asegurar el buen
funcionamiento de nuestras instituciones públicas. Pero para ello es preciso un
marco normativo que lo posibilite y lo garantice, y ello es responsabilidad
primordial del Gobierno de Aragón, como impulsor del proyecto de ley de función
pública, y de las Cortes de Aragón, a las que corresponde la aprobación final
de dicha norma.
ResponderEliminarMuy machadiano.
ResponderEliminarSe puede decir que estos años no han sido un trabajo baldío.
Muy acertado rendir homenaje al Profesor García de Enterría también desde este blog. Su contribución a la formación de grandes administrativistas y a la propia ciencia de la Administración lo hace justo y necesario.
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