PROPUESTA PARA UNA ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN.

En la Asamblea que celebra esta tarde la Asociación se debatirá una propuesta de estrategia de actuación, cuyas líneas generales habrá de concretar más adelante la Junta Directiva que resulte de la sesión de hoy. Dicha propuesta contiene, como ideas centrales, las siguientes:

La Asociación ha de dar a sus actuaciones la forma o el cauce más idóneo al concreto contenido de cada iniciativa: se ha de hacer uso del derecho fundamental de petición para la presentación de sugerencias y propuestas de cambio normativo o de criterios de gestión; se ha de utilizar el cauce de las quejas ante el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo para reaccionar frente a incumplimientos de la legalidad que afecten a derechos fundamentales o legales; no se ha de renunciar, cuando resulte necesario, a las vías de impugnación de los actos administrativos o disposiciones reglamentarias, interponiendo cuando se estime preciso los recursos administrativos que correspondan o ejerciendo las acciones judiciales que procedan ante los Tribunales, frente a disposiciones de carácter general irregulares o actos administrativos particularmente graves.

La defensa de la legalidad no permite renunciar a ningún mecanismo del Estado de Derecho, como bien lo ha demostrado la experiencia acumulada de la Asociación. No obstante, en la medida de lo posible debemos demandar la intervención de aquellas instituciones y órganos públicos que tienen como misión la función de control y defensa de la legalidad, como puedan ser el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, o las instituciones autonómicas análogas, pero también los órganos internos de control, como la Inspección General de Servicios o la Intervención General.

No todo se agota, sin embargo, en la acción de defensa de la legalidad, en la reacción frente a irregularidades detectadas.

Debemos reforzar nuestra labor de difusión, orientada tanto a las Administraciones Públicas y a quienes forman parte de ellas como al conjunto de los ciudadanos u opinión pública, y ello requiere insistir en la labor de explicación de nuestras propuestas y análisis, y en la organización de foros y debates abiertos que nos permitan, a su vez, recoger opiniones y propuestas de quienes comparten nuestras preocupaciones. También hay que tratar de avanzar en la preparación de publicaciones digitales en las que fundamentar de manera adecuada y pedagógica las posiciones de la Asociación.

Ha de reforzarse la conexión con los medios de comunicación, sin limitarse a la remisión de notas de prensa. Debemos tratar de que aquellas cuestiones más relevantes sean abordadas por los medios, aunque no conlleve protagonismo alguno por parte de la Asociación. No sólo ha de buscarse proyección a la Asociación, sino difusión a las medidas que la Asociación entiende necesarias.

Debemos, igualmente, buscar la colaboración con otras entidades de funcionarios públicos existentes en Aragón, en España y fuera de España, con las que promover no sólo intercambios de ideas, sino también lanzar iniciativas conjuntas, a ser posible en el marco de las instituciones de la Unión Europea. En concreto, hemos de promover una coalición de entidades contra la corrupción pública, centrada en el desarrollo de los mecanismos previstos en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, ratificada por España en 2006.

Para hacer efectivo este programa de acción resulta necesaria una asignación de responsabilidades dentro de la Junta Directiva de la Asociación, así como prever la posibilidad de incorporar a socios y colaboradores en proyectos o iniciativas concretas, que incrementen nuestra capacidad operativa.