SALIR REFORZADOS.

El próximo mes de abril esta Asociación vivirá un proceso de reflexión interna –con la celebración de una Junta Directiva en la que se valoren los resultados de la asamblea ordinaria del pasado 19 de marzo y la convocatoria de una Asamblea extraordinaria para cubrir el cargo de Presidente, pero sobre todo para definir los objetivos y prioridades de la Asociación en este periodo, a partir del “Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración para la VIII Legislatura de las Cortes de Aragón”, elaborado tras las elecciones autonómicas de mayo de 2011- y confiamos en que este proyecto asociativo, que sigue contando con una clara razón de ser, salga reforzado de este periodo de reflexión.

Ni los usos políticos en la Comunidad Autónoma de Aragón ni los criterios de dirección y gestión de la función pública se han modificado sustancialmente en este último periodo. La Administración parece estar desnortada, sin rumbo, y los funcionarios se han convertido en muchos casos en incómodos testigos de unos equipos de dirección carentes de ideas y de capacidad. Vivimos una insatisfactoria experiencia que combina un Gobierno burocratizado, falto de pasión política y de liderazgo social, y una burocracia politizada, pues un gran número de altos cargos se han provisto por funcionarios, todos ellos de designación política, más preocupados en su permanencia que en una transformación real de la Administración para profesionalizarla y ponerla al servicio real de los ciudadanos. Las decisiones sectarias en materia de personal tampoco son inusuales. La Administración sigue teniendo la consideración de botín, utilizable para recompensas personales y políticas, para colocar a “los nuestros”. Esa utilización de los puestos públicos nada tiene que ver con la idea de “formar equipo” ni con la profesionalidad exigible a los servidores públicos. La función pública tiene sus propias reglas en materia de provisión de puestos y han de respetarse.

Las circunstancias económicas del país no pueden servir como excusa para el incumplimiento de la ley o la vulneración de los derechos de los ciudadanos, como estamos viendo de forma permanente.  Mucho menos para mentir y ocultar la verdadera gestión de los gobiernos e instituciones públicas, al tiempo que se realizan grandes protestas de transparencia.

Las medidas difíciles que deban tomarse se han de adoptar en el marco de la legalidad y con el máximo respeto a las personas afectadas. Y, por supuesto, con ejemplaridad por parte de quienes gobiernan en las actuales circunstancias, empezando lógicamente por el régimen retributivo y el uso de los bienes públicos, pero cuidando sobre todo el no poner en riesgo los valores que cimentan la imprescindible cohesión social y dan sentido a las instituciones.

En la actual coyuntura, como fácilmente puede comprenderse, la reivindicación de los valores de la función pública y del modelo constitucional de Administración Pública es más necesaria que nunca. Lo es para los servidores públicos, pero también para el conjunto de los ciudadanos. Por dicho motivo, no existen razones que permitan a nuestra Asociación flaquear en la defensa de sus principios y, a lo largo del mes de abril, no sólo debemos convencernos de que nuestro trabajo sigue siendo necesario, sino que debemos dar con las fórmulas para que nuestra actividad sea más amplia y más efectiva, de modo que podamos contribuir decisivamente a cambiar el preocupante estado de cosas y restaurar los valores de la legalidad y de la ética pública, como esencia de toda sociedad democrática.