IRREGULARIDADES EN EL DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO DE ADMINISTRATIVOS DE LA OFERTA DE 2010.

En pocos días se cumplirán tres años de la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2010, y aunque parezca mentira, las pruebas selectivas correspondientes a las 30 plazas de la Escala General Administrativa (Administrativos) no sólo no han concluido, sino que su segundo ejercicio, el supuesto práctico realizado meses atrás, ha desvirtuado el principio de igualdad exigible en su desarrollo, pues el caso planteado era sustancialmente coincidente con el planteado y resuelto en fechas previas a la realización del ejercicio en dos academias o centros de preparación de opositores.

La Asociación, a petición de un grupo de afectados por el irregular desarrollo del citado proceso selectivo, ha solicitado a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, como centro directivo responsable del régimen de selección de personal, que investigue lo sucedido, para poder constatar si el supuesto planteado rompe la neutralidad de la prueba, al favorecer a un determinado grupo de opositores, con menoscabo del principio de igualdad, y determine la posible responsabilidad en la que, por tal hecho, hayan podido incurrir los miembros del Tribunal, procediendo a la anulación del ejercicio y a su repetición, en garantía del derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad que reconocen las leyes y garantiza la Constitución.

Asimismo, ha de destacarse el manifiesto incumplimiento de los plazos legales previstos para el desarrollo del proceso selectivo en que han incurrido las pruebas de acceso a Administrativos, autorizadas por la Oferta de Empleo Público de 2010.

En concreto, el artículo 24.1 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón dispone: “Publicada la oferta en el «Boletín Oficial de Aragón», se convocarán, dentro de los tres meses siguientes a su publicación, las pruebas selectivas para acceder a las plazas ofertadas, a las que podrán agregarse hasta un diez por ciento adicional”. No obstante lo señalado en la Ley, habiéndose publicado la Oferta de Empleo Público para 2010 en el BOA de 5 de abril de 2010, no se aprueba y publica la correspondiente convocatoria hasta el mes de noviembre de dicho año, es decir, siete meses y no tres después de la publicación de la Oferta. Más grave, sin embargo, es el incumplimiento de plazos producido en el desarrollo de las pruebas. Conforme al artículo 24.2 de la Ley, “la realización de las pruebas deberá concluir dentro de los seis meses siguientes a su convocatoria, sin perjuicio de una mayor duración de los cursos selectivos que pudieran establecerse”. Ese plazo de seis meses que concede la Ley a la Administración para la realización de las pruebas selectivas se ha visto escandalosamente rebasado en la práctica, pues 30 meses después de publicarse la convocatoria en noviembre de 2010,  cuando nos hallamos a finales del mes de marzo de 2013, aún no se han realizado los ejercicios tercero y cuarto del proceso selectivo, y no solo eso, sino que el segundo de los ejercicios se ha realizado con vulneración de los principios básicos a los que ha de someterse la selección de personal.

Entendemos que tanto la demora indebida que se acumula en las pruebas selectivas como el irregular desarrollo de las mismas  motivado responde a la defectuosa regulación de los procesos selectivos existente en la Administración de la Comunidad Autónoma y, muy en particular, a la falta de criterios objetivos para la determinación de la composición de los Tribunales de selección y de sus criterios de actuación, cuestión que se ha negado a abordar la Administración, a pesar de haber sido objeto de una expresa recomendación realizada por el Justicia de Aragón. En concreto, dicha Institución, con fecha 6 de noviembre de 2008, se dirigió a la Administración autonómica, formulando la siguiente recomendación: “El Departamento de Presidencia de la Diputación General de Aragón debe valorar la oportunidad de aprobar un procedimiento reglado para la designación de los miembros de los tribunales calificadores de las pruebas de acceso a los diferentes Cuerpos y Escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón”.

Es evidente también que el Instituto Aragonés de Administración Pública no vela de forma adecuada ni por el cumplimiento de los plazos legales para el desarrollo de los procesos selectivos ni por las garantías adecuadas de la práctica de las diferentes pruebas previstas en cada proceso, pues no es la primera vez que el proceso selectivo para ingreso en la Escala General Administrativa,  Clase de especialidad Administrativos, sufre graves anomalías en su desarrollo, con el consiguiente perjuicio a los derechos de las personas que intervienen en ellos.