INICIATIVA EN FAVOR DEL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública, ante la pasividad y el silencio del Consejero de Hacienda y Administración Pública,  ha inciado las actuaciones necesarias para reclamar del Tribunal Superior de Justicia de Aragón la ejecución judicial de las sentencias que anularon las ofertas de empleo público aprobadas por el Gobierno de Aragón para los años 2007 y 2011, por no incluir en las mismas la totalidad de los puestos ocupados por personal interino, tal y como lo exigen el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón..

Ambas sentencias fueron el resultado de un largo esfuerzo sostenido frente al Gobierno de Aragón en defensa del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, ante la reiterada vulneración del mismo, por la falta de aprobación de oferta anual de empleo público o por la aprobación de ofertas prácticamente testimoniales, en las que se incluía un número de plazas manifiestamente insuficiente para las necesidades reales de personal, vista la creciente tasa de interinidad en las plantillas de los diferentes Departamentos.

Finalmente, tras acudir en casación al Tribunal Supremo, por la vía de protección de los derechos fundamentales, las tesis sostenidas por esta Asociación -en contra de la Administración y de los sindicatos mayoritarios, como son UGT y CCOO- fueron respaldadas por el Alto Tribunal, que declaró nula la Oferta de Empleo Público de 2007 por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública de los ciudadanos, acabando así con una injustificable posición jurisprudencial que entendía que el derecho constitucional se limitaba a garantizar la igualdad en el acceso, pero no el acceso propiamente, reduciendo a papel mojado el mandato legal de incluir en las ofertas de empleo todos los puestos ocupados por interinos.

El criterio establecido por el Tribunal Supremo -en relación con la Oferta de Empleo Público de 2007- fue posteriormente recogido y reiterado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón respecto a la Oferta de Empleo Público de 2011, pronunciamiento judicial que no fue recurrido por la Administración y que, por lo tanto, devino firme y ejecutable. A pesar del tiempo transcurrido, la Administración no ha dado ningún paso real para llevar a cabo la obligada ejecución de ambas sentencias, y el Consejero de Hacienda y Administración Pública ha hecho caso omiso a la petición de ejecución formulada por esta Asociación a comienzos del otoño pasado.

El Gobierno de Aragón no puede dar la callada por respuesta ante la obligación de ejecutar las sentencias de los Tribunales. La garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos no puede verse satisfecha con un pronunciamiento judicial favorable, si luego no es ejecutado por la Administración condenada, como está sucediendo en este caso. Menos aún si el Gobierno de Aragón no ha sido capaz de aprobar la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2012, incumplimiento que esta Asociación denunciará en próximos días ante el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo. Precisamente hemos de elogiar, en este sentido, el amplio informe dado a conocer por el Justicia de Aragón, en fechas recientes, respecto al empleo público de la Administración de la Comunidad Autónoma, en el que se ponen de manifiesto las abultadas tasas de interinidad y provisionalidad -un dato que no es posible minusvalorar a la hora de explicar el deterioro institucional generalizado que sufre nuestro país-, señalándose además que ello es resultado del manifiesto y reiterado incumplimiento del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública.

El sometimiento a la ley, y la vigencia de los derechos de los ciudadanos que de ello se deriva, es la primera obligación de todo poder público, y resulta particularmente grave que una institución como el Gobierno de Aragón -no importa el color político del mismo- no sólo no respete la ley -como ha quedado declarado por los Tribunales- sino que tampoco ejecute las sentencias que le condenan por dicho incumplimiento.