ACTUAR CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Él giro ético propugnado por esta Asociación en el seno de la función pública, en enero de 2007, hace ya más de cinco años, tenía como principal finalidad el rechazo a la creciente corrupción pública que padecían tanto nuestro país como nuestra Comunidad Autónoma, y la necesidad de que los servidores públicos, especialmente comprometidos con el Estado de Derecho, adoptasen una firme actitud de rechazo a la misma, tanto denunciándola y combatiéndola -cosa que hicimos acudiendo, cuando lo consideramos preciso, a la Fiscalía General del Estado, al Tribunal de Cuentas o a la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea- como previniéndola, mediante una campaña de sensibilización y de exposición a la opinión pública de aspectos preocupantes de la gestión pública, entre los cuales estaba el ataque a una función pública profesionalizada como mecanismo de prevención de la corrupción.

Como se señala en el mensaje de Naciones Unidas, con motivo del Día Internacional contra la Corrupción que se celebra hoy, la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países. Por ejemplo, socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervirtir el imperio de la ley y crear laberintos burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. También atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa mientras a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los «gastos iniciales» requeridos por la corrupción.

La actual crisis que vive nuestro país no es explicable sin la crisis ética padecida tanto por nuestras instituciones como por buena parte de nuestra sociedad, a la que no somos ajenos quienes trabajamos en las Administraciones Públicas. La desafección creciente hacia las instituciones, el cinismo social que practican quienes defraudan al conjunto de la sociedad -creyendo legítimo no pagar impuestos o desarrollar actividades  productivas al margen de las normas, incrementando la abultada economía sumergida que existe en nuestro país- y los ejemplos constantes de abuso o mal ejercicio de quienes ostentan cargos públicos y responsabilidades en entidades privadas, anteponiendo su enriquecimiento personal, nepotismo o sectarismo al servicio a la sociedad, son datos más que suficientes para constatar la urgencia en acometer un programa de reforzamiento de la ética pública, algo que lamentablemente parece seguir ausente en la agenda política de nuestras instituciones.

Debemos recordar que una petición formulada por esta Asociación a las Cortes de Aragón, en la pasada legislatura, para que el Parlamento aragonés elaborase un Código de Conducta Pública para los titulares de las instituciones de la Comunidad Autónoma fue inadmitida, negándosenos la legitimación para formular tal tipo de peticíones, pese a que la misma tenía perfecto encaje en el ejercicio del derecho fundamental de petición, recogido en el artículo 29 de la Constitución Española, cosa que aclararía posteriormente el Tribunal Constitucional al declarar nulo y contrario al derecho fundamental de petición la citada inadmisión acordada por la Mesa de las Cortes de Aragón.

Las circunstancias actuales, en las que la crisis ética nos aleja día a día de los objetivos de buen gobierno, nos fuerzan a reiterar tal petición a las Cortes de Aragón, toda vez que las mismas ni han corregido su acuerdo inconstitucional de inadmisión ni han adoptado ninguna iniciativa en el sentido solicitado. Creemos que reiterar tal petición ante las Cortes de Aragón no es sólo necesario para reivindicar el respeto a un derecho de participación política de los ciudadanos, ignorado en su día por el Parlamento aragonés, como es el derecho de petición, sino también una iniciativa adecuada para cumplir el mensaje difundido por Naciones Unidas con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, consistente en actuar contra la corrupción. Actuamos demandando a la institución representativa de los aragoneses una iniciativa clara para establecer criterios de conducta íntegra para el conjunto de los titulares de las instituciones aragonesas, buscando con ello restablecer la confianza de los ciudadanos en unas instituciones que se declaren comprometidas con los valores éticos de nuestro modelo constitucional.

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005, y pidió al Secretario General que designara a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) como la secretaría para la Conferencia de los Estados Partes de la Convención 58/4 . Para crear conciencia contra esta lacra y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla, la Asamblea también designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

La corrupción es un mal global, contra el que ha de lucharse con estrategias globales, como la auspiciada desde Naciones Unidas. Pero la estrategia global que esta Asociación apoya plenamente ha de plasmarse en actuaciones concretas, vinculadas al ámbito concreto de cada comunidad política, y por ello nuestras iniciativas, a lo largo de nuestros años de actividad, se han concentrado en las instituciones de la Comunidad Autónoma, así como en la Administración Local aragonesa y en las instituciones españolas, ya que no hemos dejado de trasladar nuestras demandas al Defensor del Pueblo, al Fiscal General del Estado, al Gobierno, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional.

La lucha contra la corrupción, por desigual que pueda parecer, y pese a la decepcionante respuesta dada desde una parte de nuestras instituciones, no puede abandonarse, al margen del coste que la misma conlleva, pues no es posible permanecer impasibles frente a conductas que socavan nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Nuestra ciudadanía y nuestro orgullo como servidores públicos nos fuerza a una actitud beligerante contra quienes pervierten nuestro modelo de convivencia. Quien no reacciona contra la corrupción está ganado ya por ella.