GOBIERNO DE ARAGÓN: CAMBIO Y CONTINUIDAD.

El Boletín Oficial de Aragón publica hoy los dos Reales Decretos por los que se acuerda, respectivamente, el cese de Marcelino Iglesias como Presidente del Gobierno de Aragón y el nombramiento de Luisa Fernanda Rudi como Presidenta del Gobiern de Aragón.

A ese cambio seguirán, en próximos días, los de los restantes miembros del Gobierno de Aragón –los Consejeros titulares de los Departamentos-, conforme a la anunciada reestructuración de Departamentos y, es posible, que a lo largo de la próxima semana comiencen las sustituciones en los diferentes órganos directivos –Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales- de los nuevos Departamentos y de los Organismos públicos adscritos a ellos.

Las instituciones públicas –y el Gobierno de Aragón es una de ellas- conjugan cambio –que afecta a sus titulares- y continuidad –que corresponde a sus funciones y responsabilidad-, y como soporte de ambos factores, cambio y continuidad, hallamos a la Administración Pública, como estructura profesional llamada a ejecutar las políticas del nuevo Gobierno y, al mismo tiempo, asegurar la continuidad de los servicios públicos que cubren necesidades básicas de los ciudadanos y procuran la satisfacción del interés general.

Esta Asociación ha defendido, desde el momento de su constitución, el carácter profesional e imparcial que corresponde a la función pública, llamada a ejecutar con “eficacia indiferente” las medidas impulsadas por el Gobierno resultante de la voluntad de los ciudadanos manifestada en cada proceso electoral.

Justo ahora, como resultado de las pasadas elecciones autonómicas, vivimos el momento de articular cambio y continuidad, impulso político y burocracia profesional. Es el momento de que la clase política respete la posición que corresponde a los servidores públicos y de que los profesionales de la Administración colaboren con la nueva dirección política en la ejecución de programas y medidas, asegurando al mismo tiempo el respeto de la legalidad administrativa.

Ahora bien, esperamos que no sólo cambien las personas sino también las formas, en todo aquello que esta Asociación ha ido poniendo de manifiesto como deficiente aplicación de las normas, restaurándose la cultura de la legalidad en todos aquellos ámbitos –como es el de la función pública- en los que la voluntad y arbitrariedad de los altos cargos ha prevalecido sobre lo que mandaba el ordenamiento jurídico. Un cambio que también ha de afectar a ciertos funcionarios públicos, que a lo largo de los años han optado por desligarse de su sujeción al ordenamiento jurídico, para limitarse a cumplir órdenes superiores, sin cuestionar el principio jerárquico, olvidando con ello la principal obligación que corresponde a un funcionario público.

Cambio y continuidad son tarea de todos, facilitando así el perfecto engranaje entre el principio democrático a que responde el Gobierno y el principio de legalidad a que responde la Administración, desde cuyo estricto respeto corresponde asumir al Gobierno la dirección del aparato administrativo.