TRISTE FINAL.

La gestión en materia de función pública del Gobierno PSOE-PAR, a pocos días ya de la formación del nuevo gobierno, no puede arrojar un balance más desfavorable, cuando sindicatos y medios de comunicación acumulan críticas y denuncias, por la deficiente ejecución de los procesos selectivos –ahí está el fracasado Tribunal de las pruebas de Administrativos, como ejemplo claro del despropósito administrativo- o por el incumplimiento o la arbitrariedad exhibidos en materia de provisión de puestos de trabajo. Hay concursos de méritos que se posponen año tras año –impidiendo con ello el legítimo derecho de promoción profesional de los afectados y debilitando el funcionamiento de la organización administrativa-, y sin embargo en esta hora final de legislatura aún se aprueban convocatorias singulares, para resolver situaciones personales de unos u otros funcionarios, como premio a su trabajo o a su fidelidad, según los casos.

Unos responsables sin credibilidad y sin solvencia, entre los cuales hay que contar necesariamente al último de los titulares de la Dirección General de la Función Pública, Jesús Sarría, dejan una función pública desordenada, sin pauta alguna reconocible en lo que hace a la ejecución de las normas en materia de selección y provisión de puestos, y, no lo olvidemos, con un régimen retributivo claramente distorsionado, con el mantenimiento de conceptos ilegales –como es el denominado anticipo a cuenta de carrera profesional, cuya propia denominación hoy parece un sarcasmo-, resultado de una negociación colectiva contaminada por la irresponsabilidad de Gobierno y sindicatos.

El peor legado que un Gobieno puede dejar es el hábito o costumbre de incumplir las leyes, y ese es el legado del Gobierno saliente. Ni la Consejera de Presidencia, Eva Almunia, ni ninguno de los altos cargos de su equipo han sido capaces de avanzar un solo paso para dar cumplimiento a la ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo que anuló la Oferta de Empleo Público de 2007, al no incluir el conjunto de las plazas vacantes ocupadas por interinos, como exigían tanto el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma. No sólo han evitado cualquier declaración ante la radical desautorización llevada a cabo por el Tribunal de lo que ha sido la política de selección de personal durante la última década –contraria al derecho de acceso de los ciudadanos-, sino que, por supuesto, han evitado proceder a la ejecución del fallo judicial en los plazos que marcan las leyes procesales. Es posible que piensen que la Administración puede actuar igual que un particular renuente a dar cumplimiento a los fallos judiciales desfavorables. A su desdén por la ley añaden su falta de diligencia o indiferencia por la justicia. Quien así gobierna no debiera extrañarse de los resultados electorales obtenidos.

Queda, así, por delante un enorme desafío para los nuevos responsables de la función pública, entre cuyas tareas ha de ser prioritaria la restauración de la legalidad. Sólo desde la legalidad puede cobrar sentido cualquier proyecto de reforma o de mejora, sin que las propuestas de ordenación futura se conviertan en una mera coartada para continuar con la inaplicación de la legislación vigente. Transparencia y legalidad han de ser los dos componentes insoslayables de cualquier programa de acción para la ordenación de la función pública autonómica. Confiemos en que los futuros responsables tengan voluntad política suficiente para acometer los cambios que imponen los largos años de incuria que ha sufrido nuestra Administración Pública.