ESTÁ FEO SEÑALAR A LOS DEMÁS.

Es posible que la cultura de la organización administrativa en la que trabajamos contenga un código de silencios interesados –entre ellos, el no señalar los errores de los otros para que no puedan señalar los nuestros-, y, por ello, a muchos de los empleados públicos de la Administración autonómica pueda parecerles una transgresión de ese principio no escrito el que desde este blog se reclame la destitución fulminante de los miembros del Tribunal de selección actuante en las fracasadas pruebas selectivas de Administrativos correspondientes a las Ofertas de 2007 y 2009, o que se reclame el inmediato relevo del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la falta de respuesta ante la crisis sufrida en uno de los procesos selectivos con mayor número de candidatos.

Si a alguien le produce extrañeza o escándalo lo demandado desde este blog, debería recordar que esta Asociación no se constituyó para defender a los empleados públicos –mucho menos para exculpar o justificar sus errores o irregularidades-, sino para promover y defender los valores y principios que han de presidir el ejercicio de la función pública. No siempre el menoscabo a los mismos procede de los responsables políticos –aunque suele resultar lo más habitual-, sino que también hay funcionarios públicos que se han olvidado de los principios que han de inspirar su actuación y adoptan conductas que están en las antípodas de lo que cabe esperar de un servidor público.

En ningún momento hemos considerado que haya podido haber mala fe en la actuación de los miembros del señalado Tribunal, pero es obvio que la situación que se ha producido es incompatible con las exigencias de buen desarrollo de un proceso, y resulta incomprensible que no se haya producido la renuncia de sus miembros ni se haya expresado –ni siquiera en la última nota informativa hecha pública- la menor disculpa hacia los miles de afectados por la incompetente actuación de quienes componen dicho órgano de selección.

Alguien debería analizar lo sucedido –si se cree que de los errores es posible y necesario aprender, como lo cree toda cultura de la calidad- para posibilitar un cambio decisivo en los métodos de actuación del Instituto Aragonés de Administración Pública a la hora de llevar a cabo los procesos selectivos. El Gobierno de Aragón rechazó una sugerencia del Justicia de Aragón para ordenar con criterios objetivos la designación de los miembros de los tribunales de selección, y a pesar de la posibilidad prevista en el ordenamiento, jamás se ha querido crear un órgano permanente de selección capaz de afrontar con solvencia el desarrollo de los procesos selectivos a los que concurren miles de candidatos.

Pero claro, quien no acierta a formular el diagnóstico de los problemas que padece la función pública –como es el caso de Antonio Brun, y el ejemplo está en el contenido de la comparecencia realizada ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón para presentar un diagnóstico que no era sino un cúmulo de lugares comunes, que perfectamente se podría haber redactado con las opiniones recogidas en la barra de la cafetería del Pignatelli-, difícilmente puede acometer las medidas necesarias para su mejora y superación, y por ello no ha de extrañar que los procesos de selección vayan de mal en peor y se produzcan, finalmente, situaciones como la que ahora presenciamos, con verdadero sonrojo.

Claro que está feo señalar a los demás –no somos ajenos a ese principio no escrito de nuestra cultura organizativa-, pero mucho peor es ignorar el daño que sufren miles de ciudadanos en el ejercicio de un derecho fundamental, como es el de acceso a la función pública, y participar del silencio de los responsables de esa situación, incapaces de asumir su responsabilidad en lo sucedido.