ENTREVISTA REALIZADA A JULIO GUIRAL EN “EL CURSO”, BOLETÍN INFORMATIVO DEL CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS.

(Se transcribe la entrevista publicada en el número de junio de 2011 de la revista “El Curso”, editada por el Centro de Estudios Adams)

El Tribunal Supremo anuló la Oferta de Empleo Público para 2007 de Aragón por omitir las plazas cubiertas por interinos. El presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, que llevó el caso a los tribunales, aclara en esta entrevista que unos 2.400 puestos de trabajo se podrían ver afectados. La sentencia, indica, “marca un antes y un después” y “tiene un alcance claro para el conjunto de las Administraciones Públicas”.

1. ¿Por qué nace esta Asociación, cuáles son sus objetivos?

La Asociación la constituimos un grupo de funcionarios al constatar una realidad preocupante en la Administación aragonesa. Marcada por un creciente incumplimiento de las normas de funcionamiento de la función pública –tanto en selección de personal, provisión de puestos o régimen retributivo-, la aparición de un creciente sector público empresarial con el que el poder político parece querer desplazar y suplantar a la función pública y, lo que es peor, un progresivo olvido de los principios y valores que le dan sentido. La reacción ante tal estado de cosas y el compromiso activo de los servidores públicos con los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública nos parecían esenciales para reclamar el insustituible papel de la función pública en la ejecución de las políticas públicas y el funcionamiento del Estado de Derecho, asegurando con ello los derechos de los ciudadanos frente a los posibles abusos de poder.

2. Entre sus fines está la creación de un código de conducta de los funcionarios, ¿qué pretenden con ello?

Uno de los ejes fundamentales de nuestra actividad ha sido el impulso de la ética pública y, de hecho, la presentación del proyecto de la Asociación se hizo con la idea de promover un “giro ético” en la Administración Pública. Para posibilitar ese giro ético, es precisa una intensa sensibilización sobre las pautas de conducta exigibles a los servidores públicos, dirigidas a preservar el interés general y a servir de guía en los supuestos de duda o conflicto que diariamente se plantean en nuestro trabajo. Ahora bien, no basta con recoger en un documento una serie de principios, como se ha hecho en el Estatuto Básico del Empleado Público, sino que debe ir acompañado de otras medidas que aseguren su coherencia y operatividad. La ética de la organización es imprescindible para que resulte posible la ética de los individuos de esa organización, y por eso nos parece obligada la aprobación de un Código de Buen Gobierno, aplicable a los altos cargos de la Administración, como hizo el Gobierno de España en 2005.

3. En los últimos tiempos la imagen de los empleados públicos se ha visto desprestigiada, ¿han emprendido algún tipo de acción en defensa de los servicios y el empleo público?

Es cierto que los empleados públicos han sido puestos en el punto de mira, especialmente en estos años de crisis, en gran medida de manera injustificada. Las ineficiencias de las Administraciones Públicas son imputables a los responsables políticos de las mismas, sea por acción u omisión, porque las provocan o porque las toleran o mantienen. Existe un claro abandono de las cuestiones organizativas y, sobre todo, una relativización de la legalidad que produce un pernicioso efecto interno y externo. Nosotros insistimos en la necesidad de que el servidor público sólo desde el cumplimiento de su función de servicio al interés general puede mantener o recuperar su legitimidad social, y la inamovilidad en su condición de funcionario público ha de considerarse como una garantía en su deber de objetividad e imparcialidad. Pero si no cumple con dicho deber y admite la arbitrariedad del poder político –o contribuye abiertamente a ella- la inamovilidad se convierte en un privilegio injustificado. Los servidores públicos son los primeros interesados en legitimar, con su conducta, las instituciones en las que trabajan, de modo que los ciudadanos los consideren garantes de sus derechos.

4. Recientemente el Tribunal Supremo les ha dado la razón anulando la Oferta de Empleo Público de Aragón 2007 por omitir las plazas cubiertas por interinos. ¿Cuántas personas se verán afectadas por esta medida, qué ocurrirá a partir de ahora?

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, por la que se estima el recurso de esta Asociación y se anula la Oferta de Empleo Público de Aragón de 2007, al entender que la no inclusión de las plazas vacantes ocupadas por interinos vulnera el derecho fundamental de acceso a la función pública del artículo 23.2 de la Constitución, nos parece importantísima. Debe servir para corregir la grave situación en que se encuentran un gran número de Administraciones, con elevadas tasas de interinidad, al no convocarse las plazas como exige la ley. La alta interinidad provoca un debilitamiento de la profesionalidad de la función pública y una injustificada patrimonialización del empleo público por parte de responsables políticos y sindicatos de la función pública, al disponer sin legitimidad alguna del derecho constitucional de acceso a la función pública que corresponde a los ciudadanos. La sentencia dictada, todavía no ejecutada por el Gobierno de Aragón, afecta sólo al ámbito de Administración General –único sector que constaba en la Oferta anulada-, y conforme a nuestros datos afectaría a cerca de dos mil cuatrocientos puestos de trabajo no reservados y que no fueron incluidos en dicha Oferta a pesar de estar cubiertos por personal interino. Esperamos que dichos puestos sean ofertados públicamente como resultado de la ejecución de sentencia, que vamos a instar en breve plazo al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

5. Si esto ha ocurrido por primera vez en Aragón, ¿es posible que otras Administraciones se vean también afectadas?

La sentencia dictada, al ser del Tribunal Supremo, tiene un alcance claro para el conjunto de las Administraciones Públicas, y sus criterios han de determinar necesariamente la actuación de las Administraciones y de los diferentes Tribunales que, en el futuro, aprueben o juzguen la legalidad o constitucionalidad de las Ofertas de Empleo Público en cualquier administración pública española. Consideramos que la sentencia marca un antes y un después en materia de acceso al empleo público y esperamos que así lo comprendan los distintos responsables de política de personal, empezando por la Administración General del Estado, y las instituciones encargadas de defender la efectividad de los derechos de los ciudadanos, como el Defensor del Pueblo y las figuras autonómicas análogas, para que la tengan en cuenta.