CONSUMATUM EST.

Ciertas arbitrariedades administrativas pueden finalmente librarse del control de legalidad por parte de los Tribunales y consolidarse, con el consiguiente efecto desmoralizador que supone el fracaso –por puntual que sea- del Estado de Derecho. El Tribunal Supremo ha desestimado en una reciente sentencia el recurso de casación promovido por esta Asociación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 20 de abril de 2009, en la que se negó legitimación activa a la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa para impugnar la modificación del puesto de Director/a de la Biblioteca de Aragón, acordada en octubre de 2007, al entender que la Asociación carecía de interés directo en el caso. Además de rechazar el recurso de casación, la sentencia del Tribunal Supremo impone condena en costas a la Asociación, que habrá de abonar a la Administración los gastos procesales, evaluados en mil quinientos euros.

Como bien puede verse, defender la legalidad sale caro en ocasiones, aunque seguimos considerando que sale más caro el no defenderla y el aceptar resignadamente las arbitrariedades de quienes, en un momento dado, utilizan las potestades administrativas no para atender el interés público sino para favorecer intereses personales, incurriendo con ello en una manifiesta desviación de poder.

El Gobierno de Aragón no sólo impulsó y toleró la desviación de poder que supuso la modificación, en octubre de 2007, del puesto de Director/a de la Biblioteca de Aragón, para adecuarlo a las condiciones de Pilar Navarrete, tras su cese como Directora General de Cultura, sino que ha logrado finalmente evitar que los Tribunales revisen su actuación, haciendo que la cuestión debatida no sea la arbitrariedad impugnada sino la legitimación de esta Asociación para exigir el respeto de la legalidad en la ordenación de los puestos de trabajo. Si a los funcionarios públicos, individual o asociadamente, no les afecta o incumbe que los puestos de trabajo se gestionen con criterios espúreos ad personam, no sabemos a quién le puede afectar. Un criterio que asegura la impunidad o inatacabilidad de la desviación de poder cometida no puede entenderse válido ni admisible, si queremos contar con una función pública digna de un Estado de Derecho.

En contra de lo que ha sido criterio de actuación de esta Asociación, que siempre ha confiado en los mecanismos del Estado de Derecho para asegurar el respeto de la legalidad, el asunto del puesto de Dirección de la Biblioteca de Aragón no ha hallado respuesta en este ámbito, pues ha fracasado el control jurisdiccional de la actuación administrativa. Sin embargo, es probable que el caso encuentre solución por el funcionamiento del Estado democrático, es decir, como resultado de las recientes elecciones y el correspondiente cambio de Gobierno.

El reproche político que a tal decisión puedan formular los integrantes del nuevo Gobierno de Aragón –revocando la modificación realizada en su día por los Consejeros Velasco y Larraz, a propuesta de la Consejera Eva Almunia- podrá suplir la falta de reproche jurídico de los Tribunales de Justicia a una de las más manifiestas arbitrariedades en materia de ordenación de puestos de trabajo.

Con ello se evidencia que el cambio de Gobierno tiene una potencialidad regeneradora de la función pública aragonesa que no debemos subestimar. En cualquier caso, desde la Asociación se instará al nuevo Gobierno de Aragón a revocar la arbitraria modificación del puesto de Director/a de la Biblioteca de Aragón que se acordó en octubre de 2007, permitiendo su desempeño durante toda la presente legislatura por Pilar Navarrete, cuyas características profesionales no le permitían ocuparlo.