LA SINRAZÓN DE LA TASA DE REPOSICIÓN.

Desde el año 1995 –es decir, hace ya 15 años-, las Leyes de Presupuestos Generales han tratado de limitar la incorporación de personal a las Administraciones Públicas, mediante el establecimiento de la llamada tasa de reposición de efectivos, entendida como el porcentaje máximo a reponer de las vacantes generadas a lo largo del anterior ejercicio – porcentaje que ha venido fluctuando en atención a la coyuntura económica-, y que debería haber tenido como resultado contener el crecimiento del número de empleados públicos o, incluso, provocar una reducción del mismo.

Vista la evolución real de las Administraciones Públicas, cabría constatar el fracaso total de esa fórmula de contención del empleo público y cuestionar incluso su propia concepción y funcionalidad. ¿Por qué no ha contenido el gasto de personal ni el número de efectivos de las Administraciones Públicas, que no ha dejado de crecer en estos años? ¿Cuál ha sido su grado de incidencia en la alta tasa de temporalidad actualmente existente en muchas Administraciones?

Cabría sostener como hipótesis -a contrastar con una información de la que, por supuesto, esta Asociación no dispone-, que los efectos de las tasas de reposición han sido altamente ineficaces y perturbadores, incluso contraproducentes, para la evolución de la función pública española, porque es una técnica errada en su origen, al operar al margen de la realidad –con límites genéricos inviables en muchos casos- y olvidar los mecanismos expresamente establecidos para planificar la evolución de los recursos humanos de las Administraciones, que debiera operar sobre la racionalización de las estructuras, la dimensión de las plantillas y la redistribución de los efectivos existentes.

El coste no ha dejado de crecer –en algunos casos porque los servicios se han incrementado, como es lógico, al poner en funcionamiento nuevos centros de salud, de educación o de servicios sociales, pues la población española ha crecido durante estos años en número y en necesidades, pero también porque la negociación colectiva en muchos ámbitos ha sorteado de forma deliberada la legalidad presupuestaria, con el consentimiento de los responsables políticos de las administraciones públicas, encareciendo indebidamente el coste de funcionamiento de los servicios públicos-, ni ha dejado de crecer el número de efectivos o empleados públicos –tanto el incremento justificado como el injustificado, resultado del clientelismo político desarrollado desde muchas administraciones-, y, al mismo tiempo, la tasa de reposición ha provocado dos efectos altamente nocivos para el buen funcionamiento de la función pública: las altas tasas de temporalidad y la utilización indiscriminada de empresas públicas para obtener el personal –mediante préstamo ilegal de trabajadores- que no es posible reclutar por el procedimiento regular de la oferta de empleo público.

No deja de ser paradójico, por decirlo suavemente, que un Gobierno –como es el caso del Gobierno de Aragón- invoque la tasa de reposición para limitar las ofertas de empleo público, con evidente olvido de que la finalidad de dicha tasa es exclusivamente de contención del gasto público, al mismo tiempo que vulnera la legalidad presupuestaria, posibilitando la aplicación de cláusulas de revisión salarial –con incumplimiento del límite al incremento retributivo anual fijado en las Leyes Generales de Presupuestos- o introduciendo nuevos conceptos retributivos sin cobertura legal alguna –como el anticipo a cuenta de la carrera profesional-, de modo que la finalidad de contención de gasto a que responde la tasa de reposición queda totalmente desvirtuada, y su único efecto real se traduce en degradación creciente de la situación del empleo público. ¿No hay elementos suficientes para una reflexión seria sobre esta cuestión?

Por ello, la tasa de reposición aparece como un mecanismo fallido e irracional, que equivoca su objetivo –al proyectarse sobre la selección de personal y no sobre el redimensionamiento de las plantillas- y que no sólo no ha servido para contener el incremento de personal y de su coste global –la certificación de su fracaso está en el recorte salarial que acordó el Gobierno por Real Decreto-ley hace un año-, sino que además ha sido un factor de directa perturbación y degradación de la función pública, al generar tasas de interinidad anteriormente desconocidas en la Administración y fomentar la huida del Derecho Administrativo, con la proliferación de empresas públicas que se han utilizado para realizar tareas antes encomendadas a la Administración o, en muchos casos, para suministrar personal adicional a la Administración, por el irregular mecanismo del préstamo de trabajadores (como ocurre en la Administración aragonesa y es conocido por todos).

Tal vez sea el momento de pedir a las responsables de la Secretaría de Estado de Función Pública y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados un análisis riguroso de los efectos que se han derivado de la aplicación de la tasa de reposición de efectivos y del impacto de dicha técnica en el derecho de acceso a la función pública –regulado en la Constitución y en el Estatuto Básico del Empleado Público-, en el crecimiento global de los efectivos y del coste de personal de las Administraciones Públicas y en el agravamiento de la degradación del empleo público, debido a las altas tasas de interinidad provocadas y a la proliferación de empresas públicas, con el consiguiente recurso al préstamo ilegal de trabajadores de estas empresas a la Administración departamental.

Esta Asociación, por supuesto, va a cuestionar la legitimidad constitucional de la tasa de reposición en la limitación del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, tal y como ha sido objeto de aplicación en las Ofertas de Empleo Público de 2010 y 2011, al entender que es un mecanismo que carece de idoneidad para el fin perseguido y constituye un límite al derecho de acceso no autorizado por la Constitución.