CIUDADANOS CON VOZ Y VOTO: SENTIDO DE UNA PROTESTA.

Las concentraciones de ciudadanos en las plazas de las principales ciudades de España constituyen un signo de esperanza para la regeneración de nuestra democracia. Cuando los partidos políticos solicitan el voto a los ciudadanos, una parte de éstos ha querido recordar que, además de voto, tienen voz y que apenas se sienten escuchados por quienes dicen representarlos. Es evidente que quienes no escuchan ni responden a los ciudadanos se inhabilitan para gobernar e, incluso, para representarlos en cualquier institución. Celebremos, por lo tanto, que miles de ciudadanos, desde las calles y las plazas de nuestro país, recuerden algo tan básico y elemental en una democracia.

Los ciudadanos hemos visto –con desazón- la progresiva esclerotización de nuestro sistema político, transformado cada día más en un terrero reservado en exclusiva para los partidos políticos. Cada vez resulta más trabajoso votar en unas elecciones, pues éstas –si bien mantienen su función de apelar a la voluntad de los ciudadanos para la conformación de parlamentos y gobiernos- se perciben también como un mecanismo de colocación por parte de quienes han hecho de la política su exclusivo medio de vida.

Esta Asociación ha experimentado en carne propia los modos de gobierno que parecen haberse instalado en nuestras instituciones. Por ejemplo, con un Gobierno que no responde ni asegura el cumplimiento de la ley. Ha de recordarse que el Director General de Participación Ciudadana, Ignacio Celaya, justificó la falta de respeto al derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación con el argumento de que nosotros no íbamos a marcar la agenda del Gobierno. Es decir, la agenda del Gobierno deja sin efecto los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Cuando un responsable público se atreve a explicitar razones de tal calibre, el proceso de deslegitimación del poder político resulta imparable, y a la vista está.

Igualmente reprochable, si no más, es la respuesta dada, en su día, por la Mesa de las Cortes de Aragón a esta Asociación respecto a algunas de las peticiones que formulamos al Parlamento aragonés –como era la creación de una Comisión para elaborar un código de conducta pública, a semejanza de lo hecho en otros países democráticos-, respuesta en la que se nos negó legitimación para dirigir peticiones de tal naturaleza a la Cámara, olvidando acaso nuestra condición de ciudadanos representados en ella. Cuando unos ciudadanos son reducidos al silencio por sus propios representantes, se cobra conciencia de la gravedad de la situación, y se comprende perfectamente que, al final, para muchos sólo queden las calles para expresarse.

Hay que recuperar la democracia y las instituciones para los ciudadanos, hoy indebidamente monopolizadas por los partidos políticos. Esta Asociación lleva cuatro años batallando por recuperar la función pública para los ciudadanos. Ese objetivo es el que ha inspirado nuestra batalla jurídica por el derecho de acceso a la función pública. Nuestra batalla confluye, sin duda, con la librada en otros muchos ámbitos por quienes siguen anteponiendo el respeto a leyes y principios al simple interés personal de políticos profesionales, y por quienes, como los miembros del Movimiento 15-M, pretenden poner el acento en el ciudadano, recordando que no se ha hecho el hombre para la democracia sino la democracia para el hombre, para asegurar su libertad y su dignidad.