LIBRE Y CONSTANTE EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

Las instituciones gozan, en todo momento, de continuidad, lo que evita que puedan producirse vacíos institucionales que afecten a alguno de los poderes del Estado. Así, la Diputación Permanente garantiza el ejercicio de los poderes y facultades del Parlamento, durante los periodos de inactividad de éste o tras su disolución, y el Gobierno en funciones hace lo propio en cuanto a las facultades del poder ejecutivo, con las lógicas restricciones o modulaciones expresamente establecidas.

Ahora bien, si algo es constante y continuo en una democracia es el estatus de los ciudadanos y su facultad de ejercer, de forma libre, los derechos fundamentales que les otorga directamente la Constitución. Ni los procesos electorales ni las transiciones que puedan vivir las instituciones públicas –en los cambios de legislatura- constituyen una causa de suspensión de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Todo ello viene a propósito de la actividad que esta Asociación ha venido ejerciendo en el transcurso de la legislatura y que, lógicamente, pretende seguir ejerciendo en las semanas y meses próximos, pues nuestra Comunidad Autónoma sigue contando con instituciones obligadas a asegurar la vigencia de los derechos de los ciudadanos, entre los cuales se encuentran algunos que hemos venido reivindicando sin descanso desde nuestra creación: el derecho de acceso a la función pública y el derecho de petición, ambos consustanciales a la configuración del Estado democrático que lleva a cabo nuestra Constitución.

Confiamos en que el Gobierno de Aragón tenga la capacidad y la voluntad de ejercer sus responsabilidades institucionales de aquí a la constitución del futuro gobierno que salga de las elecciones de mayo, y que, con independencia del desarrollo del proceso electoral y de la renovación institucional que se derive del mismo, asegure el ejercicio de dichos derechos, a pesar de que no lo haya hecho a lo largo de la legislatura que ahora concluye.

Esperamos que la actual Consejera de Presidencia, Eva Almunia, proceda a la ejecución de las sentencias de los Tribunales –como la dictada por el Tribunal Supremo en materia de oferta de empleo público, cuya ejecución vamos a tener que reclamar al Tribunal Superior de Justicia de Aragón ante la inactividad y el silencio incomprensibles de los responsables del Departamento de Presidencia- y respete el derecho de petición ejercido por esta Asociación en relación con diferentes temas de la función pública aragonesa.

No restamos ninguna trascendencia a la importancia que tiene un proceso electoral –como máxima manifestación del autogobierno de los ciudadanos-, pero precisamente porque ponemos el acento en el ciudadano y no en las fuerzas políticas que aspiran a representarlo y gobernarlo, creemos que no es tiempo para suspender el ejercicio de los derechos fundamentales, sino para ejercerlos con la misma normalidad y responsabilidad que puedan ejercerse en cualquier otro momento de la legislatura.