LAS CORTES DE ARAGÓN EN LAS ANTÍPODAS DEL PARLAMENTO DE NAVARRA.

En el Boletín Oficial del Estado se publica hoy una Ley Foral aprobada por el Parlamento de Navarra el pasado 17 de marzo, por la que se establece un código de buen gobierno. Dicho código se califica como un pacto de los poderes públicos con los ciudadanos, en torno a los principios de funcionamiento de las instituciones en el seno de la democracia española. El contenido del código aprobado, según se señala, se inspira en las líneas directrices de la OCDE y otras organizaciones internacionales. Acaso, nos parece, debiera haberse hecho una mención expresa a lo previsto en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en la que se apela a la conveniencia de establecer códigos de conducta en el seno de las instituciones públicas.

Según la propia exposición de motivos de la referida Ley navarra, “se hace necesario que los poderes e instituciones públicas ofrezcan a los ciudadanos el compromiso de que todos sus representantes en el ejercicio de sus funciones han de cumplir no solo las obligaciones previstas en las leyes, sino que, además, su actuación ha de inspirarse y guiarse por principios éticos y de conducta … que conforman un código de buen gobierno”.

Llama la atención que el Parlamento de Navarra vote una ley de esta naturaleza, cuando las Cortes de Aragón –a través de un acuerdo de su Mesa- rechazaron de forma intempestiva la petición realizada desde esta Asociación para constituir una comisión parlamentaria que elaborase un código de conducta pública para los titulares de todas las instituciones aragonesas.

No sólo no se aprobó nunca un código de conducta pública o de buen gobierno, sino que a la Asociación que planteamos tal posibilidad se le negó incluso la legitimación para formular tal petición, razón por la cual tuvimos que acudir al Tribunal Constitucional en recurso de amparo para exigir respeto al derecho fundamental de petición ejercido. Es muy probable que en lugar de código de buen gobierno, lo único que obtengan las Cortes de Aragón, con su actuación, sea una sentencia condenatoria del Tribunal Constitucional por haber vulnerado el derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación.

La decisión de las Cortes de Aragón –llamativamente situadas en las antípodas del Parlamento de Navarra, a pesar de su proximidad geográfica- no contrasta, sin embargo, con la actitud mantenida en esta legislatura por el Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, quien jamás ha respondido a las peticiones realizadas desde esta Asociación para promover un Código de Buen Gobierno, a semejanza del aprobado en 2005 por el Gobierno de España.

No resulta por ello extraño –vista la aversión que parecen mostrar nuestras instituciones autonómicas hacia el compromiso ético de buen gobierno- que los titulares de la prensa aragonesa se refieran hoy a los indicios de prevaricación detectados por la Fiscalía en numerosos procedimientos de contratación del Gobierno de Aragón, ratificando con ello lo ya advertido por el Tribunal de Cuentas meses atrás.

Frente a instituciones públicas que tratan de fomentar los principios de conducta que aseguran el buen gobierno, a través de la transparencia, la eficacia y la dedicación plena a las funciones públicas, asegurando la independencia e imparcialidad en el desempeño de los poderes públicos, el Gobierno de Aragón parece irremisiblemente condenado a dejar al descubierto no sólo su falta de aliento ético, sino sus constatadas prácticas de mal gobierno. Es posible que sólo de este modo –mediante la intervención de jueces y fiscales y la inhabilitación de determinados altos cargos de la Administración para el ejercicio de funciones públicas- se abran camino en nuestra Comunidad las propuestas dirigidas a fomentar la ética pública y el buen gobierno. No seremos nosotros quienes, a estas alturas, lo lamenten.