REFLEXIÓN EN LA VÍSPERA A LAS ELECCIONES SINDICALES.

Mañana jueves tendrán lugar las elecciones sindicales en la Administración autonómica, para determinar la composición de los órganos de representación de los funcionarios públicos, como son las Juntas de Personal y Delegados de Personal. La importancia de estas elecciones, sin embargo, no reside tanto en la composición de tales órganos, cuyas funciones y actividad resultan casi desconocidas para el gran número de los empleados públicos, como en la determinación de la representatividad de cada sindicato y de su presencia en las diferentes mesas de negociación.

La presencia sindical en las Administraciones Públicas parece coherente con el volumen y la heterogeneidad de los empleados públicos que trabajan en las mismas y con el proceso previsto para determinar sus condiciones de trabajo, pero hay que destacar que los trabajadores públicos no son unos trabajadores por cuenta ajena más, y eso deberían tenerlo presente los sindicatos tanto en su forma de actuar como en la formulación de sus propuestas o reivindicaciones.

La función pública no se agota, ni mucho menos, en las condiciones de trabajo. Creemos por ello que en el seno de la función pública hay espacio para la defensa de principios y fines distintos a los de estricta competencia sindical, algo que los sindicatos debieran admitir sin recelos ni hostilidad. Los servidores públicos hemos de dotarnos de instrumentos específicos para la defensa de todo aquello que no es objeto de negociación colectiva, pero sin lo cual la función pública se vería privada de su justificación y su razón de ser: la preocupación por el interés general y el compromiso con los valores del Estado social y democrático de Derecho.

Como servidores públicos mantenemos una doble relación con la Administración Pública: una relación orgánica, que nos identifica con la función que ejercemos –somos Administración cuando desarrollamos nuestra actividad profesional-; y una relación de servicios, que nos disocia de la Administración a la que servimos, haciéndonos titulares de derechos y deberes frente a ella, entendida como organización pública de la que somos empleados o trabajadores.

Los sindicatos nos reclaman su voto para el ejercicio de la defensa de nuestros intereses laborales como empleados públicos, y es importante que cubran ese ámbito de ordenación de la función pública de la mejor forma posible, pero esa defensa debe ejercerse sin anteponer los intereses laborales como trabajadores públicos a los principios y valores como servidores públicos. De nada nos servirán nuestras ventajas laborales como trabajadores públicos si ello es al precio de perder nuestra legitimidad social como servidores públicos.

La racionalidad de la organización administrativa, la buena gestión de los servicios públicos, la atención correcta al ciudadano, la eficacia, la coordinación, el uso eficiente de los recursos públicos, la calidad normativa, el estilo de dirección participativa, la cultura administrativa de colaboración, el fomento de la profesionalidad –vaya aparejado o no a condiciones retributivas-, la integridad en el desempeño de las funciones públicas y tantas otras cuestiones exceden el ámbito de las condiciones de trabajo, pero en modo alguno pueden ser ajenas a la preocupación de los servidores públicos.

Queremos señalar con ello que el compromiso con el servicio público y la función pública no se agota ni con los sindicatos ni en la acción sindical. Cada uno de nosotros estamos llamados a ejercer, de forma directa e indelegable, una responsabilidad personal en el buen funcionamiento de los servicios públicos, en lo que se refiere al desempeño de nuestro concreto puesto de trabajo y en nuestra contribución efectiva al mejor desenvolvimiento de la Administración como organización global.

Ni los sindicatos ni la dirección política de la Administración pueden ni deben suplirnos en lo que es nuestra concreta responsabilidad como servidores públicos. Ni en nuestro desempeño profesional ni en la defensa de los principios por los que éste se ha de regir. No cabe delegar ninguna de ambas tareas. Tampoco hay que desconocer que tanto la hipersindicalización como la politización son hoy dos peligros crecientes que amenazan a nuestras administraciones y que debilitan el principal valor que nos identifica: la profesionalidad, entendida como servicio objetivo y de calidad.

Respetemos el papel que les corresponde jugar a los sindicatos, pero exigiéndoles coherencia con los valores propios de la función pública, recordándoles que la negociación colectiva, como señala el Estatuto Básico del Empleado Público –en su artículo 33.1-, ha de quedar sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia.

Nos gustaría poder disfrutar en nuestras Administraciones de unos sindicatos firmemente comprometidos con los valores de la función pública, que contribuyesen a recuperar el crédito social que con iniciativas pasadas hoy se encuentra en entredicho. Nos gustaría que adoptasen una posición inequívoca contra la corrupción pública y la utilización de lo público en beneficio privado, y que fuesen ejemplo de transparencia. Que no demanden de la Administración el cumplimiento de las normas al tiempo que propugnan su vulneración con propuestas o pretensiones antijurídicas. Y que no olviden que los empleados públicos somos también servidores públicos, es decir, somos los que damos cuerpo y vida a la Administración y no podemos deshacer con una mano lo que hacemos con la otra.