SIGNOS DE POLITIZACIÓN ADMINISTRATIVA: ¿DÓNDE QUEDA LA GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD?

La información sobre el acceso de destacados funcionarios de la Comunidad Autónoma a los órganos de dirección de un partido político que celebró su congreso el pasado fin de semana pone en primera línea de actualidad la cuestión del deber de imparcialidad que corresponde a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, así como el riesgo que para su adecuado desempeño implica el acceso a puestos de responsabilidad o dirección orgánica dentro de un partido político.

No debemos minimizar el riesgo de politización creciente de nuestras estructuras administrativas y, por ello, entendemos necesaria una reflexión detenida sobre la implicación que para el desempeño de determinados puestos de carácter profesional –como puedan ser los propios de letrado de la Comunidad Autónoma o de jefatura de servicio- conlleva la presencia en órganos de dirección de partidos políticos. Es cierto que la prohibición de militancia política se ha reservado por la Constitución Española para los miembros de la carrera judicial y de las Fuerzas Armadas, permitiendo por ello el libre ejercicio de la asociación política a los funcionarios públicos.

Ahora bien, no cabe equiparar la mera militancia o adscripción a un partido político –como expresión de la libertad ideológica y del pluralismo político de la sociedad- con el acceso a puestos de dirección en la estructura de un partido político, que en muchos casos conlleva una proyección pública de vinculación a unas determinadas siglas y a unas concretas tesis en el debate público, reduciendo inevitablemente la imagen de neutralidad e imparcialidad política que cabe exigir a un servidor público, en cuya labor ha de anteponer la legalidad –aplicada sine ira et studio- a cualquier interés o estrategia de orden político.

Cuando tal concurrencia de circunstancias se produce, creemos que el funcionario afectado debiera quedar inhabilitado para el ejercicio de responsabilidades administrativas que impliquen un especial deber de neutralidad o cierto nivel de autoridad profesional, para evitar daño a la estructura administrativa y eliminar todo riesgo de utilización política de la posición ocupada dentro de la Administración.

También sería deseable extender dicho planteamiento a los puestos de Director General –cuya configuración legal sigue siendo de dirección técnica y no política-, de modo que los altos cargos de la Administración de componente esencialmente técnico no pudieran ser ocupados por meras razones de militancia política ni pudiesen ser instrumentalizados tales cargos para el desarrollo de estrategias de estricto poder político u orgánico, tejiendo desde ellos redes de fidelidad política mediante la concesión de favores de cualquier tipo, pues la Administración está llamada a servir con objetividad los intereses generales, y no otros.

Capítulo aparte, por su gravedad, es el hecho de que algún miembro de una Junta Electoral –órgano llamado a velar por la transparencia del proceso electoral- pueda incorporarse a los órganos de dirección de un partido, como también ha sucedido, reuniendo así una persona la condición de juez y parte, es decir, de árbitro de su propio juego y del de los demás.

La lectura de los resultados del pasado congreso del Partido Aragonés arroja un cúmulo de datos inquietantes en lo que hace a la confusión entre partido e instituciones, entre política y Administración, confusiones que debieran despejarse con urgencia para salvaguardar la credibilidad de nuestras instituciones.