IV ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN: COMPROMISO CON EL FUTURO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Ayer tarde tuvo lugar, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza, la IV Asamblea de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, convocada conforme a lo previsto en sus estatutos, para hacer balance de la actividad desarrollada el último año, rendir cuentas de la situación financiera de la Asociación, renovar la mitad de los integrantes de su Junta Directiva, incluidos los cargos de Presidente y Tesorero, y marcar objetivos de actuación futura.

La sesión, a la que asistieron cerca de una veintena de socios, estuvo presidida por el Presidente, Julio Guiral, el Secretario, Félix Gracia, y el Tesorero, José Ramón Gálligo, y al comienzo de la misma los informadores gráficos pudieron tomar imágenes del acto, que hoy aparecían publicadas en la prensa aragonesa.

Abierta la sesión por el Presidente de la Asociación, y tras aprobar el orden del día propuesto y el acta de la asamblea anterior, celebrada el 23 de febrero de 2009, se pasó a realizar, por parte del Secretario, un balance de la actividad desarrollada en el último año, agrupando las acciones realizadas en diferentes líneas de trabajo: actividad general, acciones judiciales, quejas y denuncias, otras actividades –blog y presencia en medios de comunicación- y un apartado final, relativo a los contactos mantenidos con el actual titular de la Dirección General de la Función Pública, Jesús Sarría.

Dado que la actividad desplegada por la Asociación queda puntualmente reflejada en su blog y el resumen de la memoria de actividades 2010 había sido previamente remitido a todos los miembros de la Asociación, la exposición del balance de actividades se limitó a hacer hincapié en las actuaciones más relevantes en cada uno de los apartados señalados, destacándose la lucha jurídica mantenida en defensa de los derechos fundamentales de acceso a la función pública y de petición y los dos logros principales obtenidos en esa lucha, como son la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula la Oferta de Empleo Público de 2007 por vulnerar el artículo 23.2 de la Constitución y la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del recurso de amparo contra acuerdos de la Mesa de las Cortes de Aragón que lesionaban el derecho de petición ejercido por la Asociación ante el Parlamento aragonés. Se señaló la confianza en que, en breve plazo, el Tribunal Supremo puede dictar una segunda sentencia que consolide la nueva línea jurisprudencial en materia de acceso a la función pública y que dicho criterio, además, sea asumido por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón al fallar el actual recurso contra la Oferta de Empleo Público de 2010.

Se destacó igualmente el proceso de apertura de la Asociación a la colaboración con otra entidades, consolidado este año, con la incorporación a la Coalición Pro Acceso –plataforma nacional para la defensa del derecho de acceso a la información pública- y los contactos mantenidos con la asociación de funcionarios del Principado de Asturias denominada Conceyu por Otra Función Pública n’Asturies o con la Asociación Pro Transparencia de las Cuentas Pública –con la que se celebró un acto conjunto conmemorativo del Día Internacional contra la Corrupción- o con la Plataforma Vecinal de La Muela, cuyas convocatorias contra la corrupción sufrida por dicho municipio fueron expresamente apoyadas desde la Asociación.

El conjunto de instituciones a las que, en este tiempo, se ha dirigido la Asociación en el desarrollo de su actividad no cesa de incrementarse, pues al Justicia de Aragón, Defensor del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Congreso de los Diputados, Senado y Cortes de Aragón, se ha añadido por vez primera un órgano de la Unión Europea, como es la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), ante la que se ha denunciado la irregular gestión de fondos europeos por parte de ASAEL, además de los numerosos contactos mantenidos con motivo de la campaña de difusión de la sentencia del Tribunal Supremo en materia de oferta de empleo, de los que cabe destacar la alta receptividad obtenida por parte de los diferentes Defensores del Pueblo autonómicos. La creciente proyección exterior de la Asociación cabe entenderla como un signo de madurez y consolidación del proyecto asociativo.

Asimismo, se resaltaron algunas de las principales iniciativas llevadas a cabo en defensa de la legalidad en el funcionamiento institucional, como el recurso judicial formulado por incumplir el deber de publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual, el recurso contencioso presentado contra el Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, por vulneración del derecho de petición, la denuncia planteada ante el Ministerio Fiscal por la falta de tramitación por los órganos del Departamento de Medio Ambiente de las denuncias medioambientales realizadas por los Agentes para la Protección de la Naturaleza o la queja formulada ante el Justicia de Aragón por el incumplimiento del plazo que fija el Estatuto de Autonomía para la remisión a las Cortes de Aragón del Proyecto de Ley de Presupuestos por parte del Gobierno de Aragón.

Concluida la presentación del balance, el Presidente llevó a cabo una valoración de los contactos mantenidos con el Director General de la Función Pública, Jesús Sarría, destacando el hecho de que tales contactos pusieran fin a la relación de hostilidad e incomunicación mantenida por sus predecesores, si bien se constató que los mismos pueden verse inevitablemente lastrados por la resistencia de la estructura política –y posiblemente sindical- a conceder interlocución a esta Asociación, a pesar de la voluntad del Director General, y por las dificultades de gestión de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, cuyos postulados parecen resistirse a asumir desde la propia estructura administrativa del Departamento de Presidencia.

Seguidamente se procedió a un debate general sobre lo realizado y, en particular, sobre aquellos temas a los que, pese a su importancia, la Asociación había podido dedicar poca atención durante este último año, como era la persistencia del préstamo de trabajadores a la Administración por parte de las empresas públicas o la realización de labores administrativas por parte de personal de entidades privadas, como empresas o fundaciones, desplazando con ello a los funcionarios del ejercicio de determinadas tareas públicas y suprimiendo las garantías jurídicas que conlleva el estatuto legal de los servidores públicos.

El Presidente, en el transcurso del debate, insistió en la necesidad de que la Asociación, en la próxima etapa, trabaje en los temas centrales del modelo de función pública, además de mantener una línea decidida de defensa de la legalidad y de denuncia de la corrupción pública, pues será preciso abordar en la próxima legislatura la nueva Ley de Función Pública de Aragón, a pesar de las dudas que pueda suscitar en estos momentos el futuro del Estatuto Básico del Empleado Público. Finalmente, el Presidente quiso realizar una mención específica de agradecimiento a quienes como abogado y procuradora de la Asociación en todas las acciones judiciales promovidas han defendido y representado a la Asociación, con un compromiso personal que excede con creces su mera intervención profesional.

Seguidamente, el Tesorero, José Ramón Gálligo, expuso el balance de las cuentas de la Asociación, partiendo del saldo positivo del año anterior, incrementado por el saldo favorable resultante del presente ejercicio, al haberse tenido que hacer frente a un número menor de gastos, si bien quedan pendientes de futura liquidación los gastos derivados de acciones judiciales actualmente en marcha.

A continuación se procedió a la renovación parcial de la Junta, que, conforme a lo previsto en los estatutos, afectaba a los cargos de Presidente, Tesorero y cuatro vocales. Como vocales fueron reelegidos Julio Calvo y Francisco Muñoz, causando baja voluntaria Manuel Fábregas y Victorino Ortega, e incorporándose como nueva vocal Carmen Gonzalo. Igualmente fueron reelegidos José Ramón Gálligo, como Tesorero, y Julio Guiral, como Presidente.

Como último punto del orden del día, en el apartado de ruegos y preguntas, se destacó el éxito que suponía el hecho de que la Asociación siguiese activa después de cuatro años de existencia y que hubiese obtenido un relevante fallo del Tribunal Supremo a favor del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, pronunciamiento que puede marcar un giro decisivo en el actual estado de deterioro de la función pública que se vive en muchas Administraciones. Se destacó la necesidad de seguir trabajando y afrontar lo que puede ser un factor decisivo de consolidación para la Asociación como es el cambio de legislatura, demostrando la importancia de defender los principios y valores de la función pública con independencia del color político de quien gobierne la Administración. La Asociación sigue comprometida con los valores de la función pública, como principal garantía de su futuro.