HAY QUIEN CONTESTA, LUEGO EXISTE.

De los numerosos responsables de las Administraciones Públicas a los que se ha dirigido esta Asociación -para hacerles llegar una copia de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la Oferta de Empleo Público para 2007 del Gobierno de Aragón, por vulnerar el derecho de acceso a la función pública, al no incluir las plazas vacantes ocupadas por interinos-, nadie había contestado hasta hoy. Nadie de la Administración de la Comunidad Autónoma, pero tampoco nadie de la Administración General del Estado.

Al fin, hemos recibido una respuesta. Como era previsible, procede de una Administración distinta a la aragonesa. Nadie es profeta en su tierra, y menos si las profecías no son del gusto del poder político. Pero ello no es motivo de desánimo para esta Asociación, sino todo lo contrario: no hay nada deshonroso en defender y reclamar el respeto a la legalidad, la garantía de los derechos de los ciudadanos y la superación de la arbitrariedad administrativa. El silencio y la falta de respuesta son los de quienes ante esas exigencias parece que nada tienen que decir, pues quién puede defender públicamente lo contrario o reconocer las tesis de esta Asociación. Ante tal disyuntiva sólo cabe callarse, según se ve.

Uno de los problemas de nuestras instituciones públicas es, precisamente, la falta de correspondencia entre lo que dicen y lo que hacen sus máximos responsables. Hablan de excelencia y cultivan la mediocridad, hablan de derechos y practican la arbitrariedad, y esa creciente separación o divorcio entre el discurso público y la práctica administrativa es un factor proecupante de deslegitimación y pérdida de credibilidad, de crisis de confianza.

Por eso, ante el silencio general, es de agradecer que un responsable administrativo, como es la Inspectora General de Fomento, dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento, acuse recibo del escrito de esta Asociación y valore la importancia de la reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo, agradeciendo expresamente el envío realizado por esta Asociación.

Una respuesta sólo, es cierto, pero en medio del silencio generalizado, vale por cien y demuestra que al frente de las instituciones aún hay personas capaces de un gesto tan sencillo como celebrar la lucha por el derecho y la reivindicación de los valores por los que, no sabemos cuándo, dejaron de regirse las administraciones públicas. Ni todo está perdido ni es baldío ningún esfuerzo que se haga para restaurar el principio de legalidad.

Se reproduce a continuación el texto íntegro de la respuesta remitida desde la Subsecretaría del Ministerio de Fomento:

“Sr. D. Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la
Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa

Madrid, 18 de marzo de 2011-03-29

Estimado Presidente:

Acuso recibo del escrito que el pasado 10 de febrero dirigió a la Subsecretaría del Departamento, mediante el que remite copia de la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Decreto 67/2007, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Püblico para 2007 y le comunico que la citada sentencia se estudiará con detenimiento, por el interés que su contenido tiene para esta Inspección General.

Agradeciendo su colaboración, reciba un cordial saludo.

LA INSPECTORA GENERAL DE FOMENTO, Monserrat Merino Pastor”.