EL SENTIDO DE UN DERECHO FUNDAMENTAL.

Los derechos fundamentales constituyen la esencia de nuestro modelo constitucional y democrático. Sin su reconocimiento y su garantía la ciudadanía sería un concepto vacío. Los derechos fundamentales son la conquista política de muchas generaciones. Por eso, no hay que tomar a la ligera ni restar trascendencia al hecho de que un Gobierno vulnere de forma reiterada un derecho fundamental, aunque se trate del derecho de petición, pues el valor de ese derecho no depende de la significación que le concedan los miembros de un Gobierno o los titulares de las instituciones públicas, sino del que le ha otorgado la Constitución.

Llamamos derechos fundamentales a los derechos humanos que reconoce y garantiza la Constitución, en cuanto norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Son fundamentales porque la Constitución les confiere ese carácter, al reconocerlos directamente. No son derechos que las leyes puedan establecer o suprimir, según las mayorías parlamentarias del momento. Los derechos fundamentales sólo pueden suprimirse con una reforma de la Constitución, y por lo tanto no están a merced de ningún poder público, pues éstos son los primeros obligados a asegurar su realización. Claramente lo expresa el artículo 53.1 de la Constitución Española: los derechos fundamentales reconocidos en el Capítulo segundo del Título primero –entre ellos, el derecho de petición- vinculan a todos los poderes públicos. Entre esos poderes públicos se encuentran, naturalmente, instituciones autonómicas como el Gobierno de Aragón y su Presidente.

Un derecho fundamental es una facultad y una garantía que la Constitución otorga directamente a los ciudadanos. Es el ciudadano, como titular del derecho, el que puede hacer uso del mismo ante cualquier poder público. Por eso, a nadie debiera extrañar el que una Asociación como ésta apele al derecho de petición para dirigir sugerencias o propuestas a las instituciones de la Comunidad Autónoma. Esta Asociación, como persona jurídica, es titular del derecho fundamental que puede ejercitar en los términos establecidos por la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición. La Constitución ha reservado facultades a los poderes públicos –la de hacer leyes, la de administrar justicia y otras muchas-, pero también reconoce facultades, y no pocas, a los ciudadanos. Mal puede una institución pública –como el Gobierno de Aragón o su Presidente- reclamar respeto a los ciudadanos hacia el ejercicio de sus facultades si, al mismo tiempo, ignora y desdeña las facultades del ciudadano constitucionalmente establecidas.

En esa lógica, y no en otra, es en la que esta Asociación se ha visto en la obligación de llevar a los Tribunales al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, por vulnerar de forma reiterada, tanto él como los miembros de su Gobierno, el derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación. Consideramos un pésimo síntoma de salud democrática el hecho de que un Gobierno que se debe a la voluntad y confianza de los ciudadanos sea capaz de vulnerar sin reparo alguno derechos fundamentales de esos ciudadanos, en un ejercicio antidemocrático del poder que le ha conferido la norma constitucional, exactamente la misma que nos ha conferido a nosotros el derecho de petición. El poder está sujeto al Derecho, los poderes públicos sometidos a la Constitución y, en particular, a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Parece ser que, una vez más, algo tan elemental habrán de recordárselo los Tribunales al Gobierno de Aragón.