BIEL CERTIFICA SU FRACASO: UN GOBERNANTE QUE PROPONE LIQUIDAR LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Apóstoles de la externalización, apóstatas del Estado de Derecho.

El Vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, ha decidido declarar públicamente lo que ha sido en buena medida su acción de gobierno, a lo largo de estos años, en materia de función pública: congelación del empleo público –bloqueando la oferta de empleo público, es decir, el derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública-; creación ex novo de una estructura comarcal, en la que se evita la presencia de funcionarios; impulso de empresas públicas y contratación de trabajadores sin atender a criterios de igualdad, mérito y capacidad; suplantación de funcionarios por personal laboral de esas empresas –el caso más notorio fue el puesto de Director del CIAMA-; y externalización de servicios, encomendando a empresas privadas de servicios tareas que antes estaban en manos de empleados públicos. Todo ello acompañado, además, de una absoluta incuria en lo que hace al desarrollo de programas de calidad de la gestión pública. Ese conjunto de acciones –que ahora quieren convertirse en propuesta electoral para las elecciones de mayo de 2011- suponen, a nuestro juicio, un programa de liquidación de la función pública.

El hecho de que, en esta legislatura, Biel accediese, incumpliendo los requisitos de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón entonces vigente, a la condición de Vicepresidente sin la previa condición de Consejero responsable de un Departamento, podría ser un indicio de su deseo de desembarazarse de funcionarios en su entorno. Acaso el sueño irrealizado para él sea un Gobierno sin Administración, ejerciendo la dirección política sin funcionarios que pongan trabas a sus decisiones: mandar, no gobernar, sin tomar en consideración las leyes, como quedó patente con su propio nombramiento. Luego siempre hay tiempo para cambiar las leyes, y hacer legal lo antes ilegal. Hay quien en lugar de someterse al ordenamiento jurídico, prefiere someter el ordenamiento jurídico a su voluntad.

Hay políticos a los que les sobran los funcionarios, aunque ellos mismos sean funcionarios –y tengan su puesto reservado durante lustros-, acaso porque desconocen o han olvidado el papel que nuestra Constitución atribuye a las Administraciones Públicas y a la función pública que hace posible su funcionamiento. Esos políticos no debieran ejercer responsabilidades de gobierno, pues gobernar exige, entre otras cosas, dirigir la Administración y no debilitarla o liquidarla. Precisamente, la existencia de una Administración Pública imparcial y profesionalizada, que expresamente se mantenga al margen de los avatares políticos y cambios de Gobierno, es una de las garantías para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho.

Biel y otros miembros del Gobierno de Aragón son un claro ejemplo de esa clase de políticos, cuya deriva personal parece inhabilitarlos para impulsar, organizar y dirigir una organización profesionalizada como es la Administración Pública. Si la Administración deja de ser el botín que cobra y reparte el gobernante a sus fieles, como algunos servidores públicos nos hemos empeñado en que deje de serlo, se hace necesario buscar otro botín, y ahí está la posibilidad de externalización, a la que se apela por razones de economía, ocultando que con ello los valores de legalidad, profesionalidad e imparcialidad que corresponden a la función pública se desplazan por el ánimo de lucro y la rentabilidad económica de la empresa, con los indudables riesgos de tráfico de influencias y de colisión entre intereses públicos y privados.

El estudio de la corrupción pública que asoló Italia en décadas pasadas –con el fenómeno “tangentópolis”- puso de manifiesto que buena parte de las posibilidades y riesgos de la corrupción surgen al trasladar la gestión de los servicios públicos del ámbito de la función pública al ámbito de la iniciativa privada empresarial, donde el poder de influencia política crece exponencialmente.

La inamovilidad de los servidores públicos es garantía de su objetividad y de su capacidad de resistencia frente al posible abuso o arbitrariedad de los responsables políticos. Los funcionarios públicos tienen un estatuto legal y una misión constitucional que cumplir, como es la de servir con objetividad los intereses generales, y en esa labor, aunque pese a ciertos políticos como el actual Vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, no pueden ser desplazados por empresas de servicios. No es posible que prosperen propuestas políticas que van en dirección contraria a lo que marca la Constitución Española, pero su mera formulación pone de manifiesto lo lejos que todavía estamos en Aragón de objetivos irrenunciables de buen gobierno y buena administración.