LA LUCHA POR LA LIBERTAD Y EL DERECHO EN EL MUNDO GLOBAL.

Esta Asociación tiene circunscrita su actividad a los fines y principios que marcan sus Estatutos, es decir a la defensa de la función pública como estructura administrativa y colectivo profesional al servicio de la democracia y de los ciudadanos, pero el carácter expansivo de sus principios, entre los que figuran el compromiso democrático, el principio de legalidad y la ética pública, la hacen consciente de que su actividad -su batalla por los valores constitucionales en el avance permanente del buen gobierno y la buena administración en nuestras instituciones- no está desconectada de ninguna otra batalla que, por similares valores, se pueda librar en otros puntos de España, de Europa o del mundo.

Sabemos que la historia de la humanidad refleja una tensión permanente por la libertad y la dignidad de las personas frente al poder, en sus diferentes manifestaciones, por someter ese poder a las reglas del derecho, de la razón democrática, de la voluntad de los ciudadanos, tensión que ha conllevado luchas, sacrificios y terribles retrocesos, pero también momentos de dignidad y de triunfo. Uno de esos triunfos es la actual España democrática, con cuya preservación y mejora todos debiéramos sentirnos comprometidos.

Tal vez no sea recomendable perder de vista todo el largo camino que ha sido preciso recorrer para que, cosas que hoy nos parecen triviales u obvias, sean una realidad o al menos una regla que ordena nuestra vida como comunidad política. No hay nada que sea irreversible, y la salud democrática de nuestra sociedad no está libre de todo tipo de males, y el principal de ellos probablemente sea la indiferencia de un gran número de ciudadanos por la vigencia real del Estado de Derecho y de los valores principales de la ética pública. Indiferencia y resignación, conformismo ante el incumplimiento de las leyes, ante la vulneración de derechos constitucionales.

La razón de ser de esta Asociación no es otra que la de reaccionar de forma activa y crítica, es decir constructiva, frente a un preocupante estado de cosas en la Administración Pública aragonesa, claro síntoma de la existencia de prácticas de mal gobierno en nuestras instituciones. Los servidores públicos en modo alguno podemos ser indiferentes a la realidad de nuestras instituciones, pues somos quienes, con nuestro trabajo diario, las hacemos funcionar, de acuerdo con las líneas marcadas por quienes las dirigen y gobiernan. Lo que no es posible admitir, sin embargo, es que se pretenda convertir a la administración -y, con ello, a los funcionarios públicos- en ejecutores acríticos y disciplinados de cualquier decisión política, al margen de su adecuación al ordenamiento jurídico. La Administración Pública no puede, sin perder su esencia y su razón de ser, convertirse en una estructura situada al margen del Estado de Derecho, sometida no a la ley y al derecho, sino a las instrucciones de un Gobierno que pretende mandarla y someterla, y en buena medida desnaturalizarla.

Quienes hoy luchan, en los países árabes del norte de África, por la democracia, la libertad y los derechos humanos contra sistemas autocráticos y corruptos que han padecido durante décadas, tienen nuestra simpatía y apoyo. Porque creemos que su lucha es la nuestra y la nuestra es también de ellos, porque cuando alguien defiende los valores más preciosos de la humanidad -en cualquier parte del planeta- está defendiendo a la humanidad entera. Ahora más que nunca, en un mundo globalizado en el que la información de cualquier acontecimiento tiene una especial inmediatez y las nuevas tecnologías nos permiten no sólo ser testigos de los mismos, sino actuar también como elementos conductores y propagadores de las reivindicaciones de libertad de los otros. Nuestra lucha por el derecho en la España democrática es solidaria con la lucha por la libertad en los países árabes y en cualquier parte del mundo. Esa solidaridad nos obliga, precisamente, a no desistir en nuestro compromiso.