EL VALOR DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL: EL NECESARIO RESPETO AL TRIBUNAL DE CUENTAS.

No podemos pasar por alto determinadas manifestaciones realizadas por algunos destacados responsables políticos de nuestra Comunidad Autónoma, como reacción frente a la labor de fiscalización de los órganos constitucionales de control, consistentes en descalificar su objetividad e independencia y menoscabar su imagen y credibilidad social. Viene todo esto a cuento de las recientes declaraciones del alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, en las que acusaba de falta de objetividad e intencionalidad política al redactor del informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre los gastos de la Expo Zaragoza 2008, en el que se ponen de manifiesto numerosos defectos en la gestión del dinero público por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

Cuando un órgano constitucional ejerce sus funciones de control –sea el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional-, no hace más que velar por los intereses generales que le han sido encomendados, de modo que poner en cuestión su labor –como ha hecho el alcalde de Zaragoza, al atribuir su informe a intereses espúreos de partido- es, a nuestro juicio, un ejemplo de falta de lealtad institucional, menoscabándose el respeto que los órganos constitucionales nos han de merecer a todos, responsables políticos y ciudadanos.

Es llamativo que, cuando la mala gestión de una institución se pone al descubierto –como ha sucedido recientemente con los informes del Tribunal Constitucional respecto a las cuentas de la Comunidad Autónoma de 2004 y 2005 y a las cuentas municipales en la Expo Zaragoza 2008-, no haya nunca un responsable político que admita los errores –impensable resulta que alguien dimita por lo sucedido-, sino que, por el contrario, se opte por negar o rechazar las tesis o conclusiones del Tribunal –discrepando de ellas, descalificándolas o, en el mejor de los casos, atribuyéndolas a falta de información-, llegando incluso a la improcedente descalificación de su objetividad o buena fe, como ha hecho en este caso el alcalde de la ciudad de Zaragoza.

Los ciudadanos debemos ser conscientes de que cuando el Tribunal de Cuentas ejerce su labor de fiscalización está velando por el respeto de los principios de legalidad y eficiencia en la ejecución del gasto público, algo que nos concierne directísimamente, pues resulta del máximo interés para todos constatar si nuestras Administraciones Públicas –Comunidad Autónoma o Ayuntamiento- han llevado a cabo o no una buena gestión del dinero público, velando adecuadamente o no por los intereses generales. El juicio al que quedan sometidos los responsables políticos, aunque intenten convencernos reiteradamente de lo contrario, no es únicamente el de las encuestas de opinión y el del voto de los electores. También están sujetos a los imprescindibles controles del Estado de Derecho, entre los cuales ocupa un lugar destacado el Tribunal de Cuentas.

Por ello, y por entender que en esta ocasión, con sus declaraciones y su actitud, el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ha transgredido las normas de conducta que han de mantenerse en el ejercicio de las funciones institucionales, al cuestionar la objetividad de la labor de un órgano constitucional como el Tribunal de Cuentas –en lugar de asumir las conclusiones de su fiscalización como máximo responsable de la gestión municipal-, esta Asociación va a dirigirle un escrito de censura por tal actitud, al mismo tiempo que manifestaremos nuestro público y expreso respaldo a la labor realizada por el Tribunal de Cuentas.